Ciudad de México.-El general brigadier José Rodríguez Pérez se encuentra en el Campo Militar número 1, luego de que la tarde de ayer fuera detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México, confirmó en la conferencia presidencial de esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien además agregó que se han ejecutado a la fecha tres órdenes de aprehensión en contra de militares relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Al general Rodríguez Pérez se le ubica como presunto autor de la desaparición forzada de seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, así como cooperante en el manejo de cuerpos de los jóvenes estudiantes.
En aquel momento, el militar –entonces con rango de coronel– era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero y aliado del cártel Guerreros Unidos.
Desde el pasado 20 de agosto se había girado la orden de aprehensión en su contra –junto con otras 86 órdenes– por el caso Ayotzinapa, luego de que se diera a conocer el informe con conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
De acuerdo con dicho informe, en el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional no sólo se tuvo un seguimiento puntual a los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre de 2014 que derivaron, entre otros delitos, en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, sino que sus elementos participaron directamente en acciones: antes, durante y después del crimen de Estado, estuvieron presentes integrantes del Ejército Mexicano, algunos de ellos cooperando directamente con el cártel Guerreros Unidos. Los hechos se documentaron en tiempo real mediante partes informativos, mensajes telefónicos e imágenes.
De los militares involucrados, el caso que más destaca es precisamente el del entonces coronel [hoy general] José Rodríguez Pérez –comandante del 27 Batallón de Infantería en aquel momento y aliado de Guerreros Unidos–, quien ordenó a sus subalternos ejecutara los seis normalistas rurales que quedaban vivos en una bodega días después de la desaparición forzada.
Más aún, el 30 de septiembre de 2014, el coronel comentó que el 27 Batallón a su cargo se encargarían de limpiar todo y que sus subordinados ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos, refiere el informe.
Agrega que durante una de las reuniones con el entonces presidente municipal José Luis Abarca y los “asesores de México”, se acordó que estos últimos serían los encargados de “limpiar” el crimen: “van a borrar evidencia… y los van a mover para que no los allen” (sic), decía uno de los mensajes de un integrante del grupo delictivo [cuya captura de pantalla la realizó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y posteriormente la compartió con autoridades mexicanas].
Tomás Zerón de Lucio –entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo de la justicia– encabezó aquel grupo de “asesores” y es quien ordenó “limpiar todo el caso de los chicharrones”. Los cuerpos de los normalistas que no se cocinaron [es decir, que no fueron desintegrados mediante incineración o ácido] fueron desenterrados y llevados al 27 Batallón de Infantería, con la anuencia del coronel José Rodríguez Pérez; los restos también fueron trasladados al Rancho del Cura, a Lomas de Coyote, y a la Mina.
