La Comuna
José Ángel Solorio Martínez
El desmantelamiento del viejo sistema, creado bajo los auspicios de la perniciosa óptica -y práctica- neoliberal ha iniciado. El rechazo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a la ratificación del Magistrado Horacio Ortiz Renán, es la inauguración de la jornada de limpieza que tiene como prioridad política si desea desplegar a plenitud los programas sociopolíticos la IV T.
¿Cómo olvidar, las decenas de órdenes de aprehensión obsequiadas por los jueces para poner en jaque a algunos alcaldes guindos y a varios miembros del comité de campaña del hoy gobernador?
¿Cómo soslayar, el uso faccioso del aparato impartidor de justicia en Tamaulipas?
¿Cómo dejar pasar las conductas cuestionables del Poder judicial, que se plegaron a pies juntillas al gobernador panista?
¿Cómo hacerse de la vista gorda, ante la ilegitimidad de algunos Magistrados que fueron ataviados como tal, sin poseer los requisitos constitucionales?
Mucho está podrido en el Poder judicial.
La razón por la que fue echado Ortiz Renán, es el signo de una banda de Magistrados que han utilizado la balanza de la Justicia para pesar las prebendas y los dineros de muchas de sus sentencias. La actitud sin ética, inmoral, es la piel que distingue a un elitista grupo de abogados con exorbitantes salarios y prestaciones, se han apartado del camino de la ley para disfrutar los diletantes senderos del dinero y del poder.
Ni siquiera el gobernador Raúl Gárate, en los años 40, utilizó el aparato judicial para hostigar a sus enemigos, con tanto rencor y odio; y, sobre todo: prepotencia e impunidad. Y vaya que el general, llegó con inquina de sobra contra los portesgilistas.
Achicar los coletazos del Poder judicial, debe ser parte del plan general del combate a la corrupción. No puede existir un estado de Derecho, y menos una administración estatal honesta, con un aparato de justicia torcido y pervertido.
E igual: es imposible construir un gobierno sin corrupción, con una estructura de jueces, que opera en función de resultados pecuniarios y no en la interpretación de la ley.
Villarreal Anaya, va en serio.
La tarea que tienen ante sí, el Poder judicial, es enmendar sus entuertos. Los más graves: resolver en apego a la ley, las órdenes de aprehensión existentes, contra actores políticos para cerrar ese negro y aberrante capítulo de su actuar.
¿Porqué, permitir que sigan tan campantes los jueces que dieron el visto bueno para empapelar a alcaldes y a ciudadanos de buen vivir?
Si no hay denuncias contra esos juzgadores, debiera haberlas.
El juicio de la historia, es más preciso si se cuenta con el justo juicio de la ley.
La profilaxis debe seguir.
La estrategia, parece ser la correcta -como dice AMLO-: las escaleras se barren de arriba hacia abajo. La urdimbre de jueces en todo el estado, importante pieza del Poder judicial, también tiene que pasar por las cribas de la honestidad y honorabilidad.
La actuación del Ejecutivo estatal, no sólo genera confianza en la ciudadanía; también trae tranquilidad en un pueblo que vio monetizarse la impartición de Justicia.
Seis años de excesos del Poder judicial, son muchos; como muchos, son las aberraciones que cometió. Centenares de ciudadanos pueden dar cuenta de ello; entre ellos, familiares del gobernador Villarreal Anaya.
Los magistrados, no sólo deben parecer honestos; también, deben serlo.
