- Gobierno de México solicita juicio político en contra de juez por probables actuaciones ilegales que han favorecido a grupos criminales
- Las cuestionables resoluciones del juez Crescencio Contreras Martínez fomentan la impunidad y niegan el derecho a la justicia al pueblo de México
Ciudad de México. El gobierno federal presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, a quien acusó de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes.
La solicitud se presentó esta tarde en la secretaría general de la Cámara, donde el escrito refiere que el citado juez también ha favorecido la liberación de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y cohecho.
La Secretaría de Gobernación solicitó que la Cámara investigue y revise la actuación de juez y, en su caso, envíe el expediente al Senado para que determine su posible destitución.
Conforme a las atribuciones de la cámara, las solicitudes de juicio político deben resolverse por la subcomisión de examen previo, en orden a la antigüedad en que fueron presentadas.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.
En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México.
Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.
Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.
El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y el Estado de derecho, así como su lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad.
