María Jaramillo Alanís
Mientras el gobernador Américo Villarreal mantiene una intensa agenda de trabajo en la Ciudad de México, atendiendo asuntos de alto nivel, en Tamaulipas las sombras de la ineficiencia y la opacidad se ciernen sobre las dependencias que deberían estar al frente y dando respuestas ante las emergencias.
La reciente explosión en la colonia Módulo 2000 en Reynosa, que cobró la vida de dos personas y afectó gravemente a la comunidad, ha expuesto la preocupante pasividad de la Secretaría de Educación y la Coordinación de Protección Civil, cuyas acciones—o la falta de ellas—nos dejan con más preguntas que respuestas.
La devastación en la secundaria No. 6 “Carmen Serdán” no es un simple daño colateral; es una clara señal de la falta de previsión y reacción adecuada por parte de las autoridades encargadas de proteger tanto a los estudiantes como a la comunidad en general.
En lugar de tomar medidas rápidas y transparentes para evaluar los riesgos y garantizar la seguridad, estos funcionarios parecen optar por la indiferencia o, peor aún, por ocultar la magnitud del problema. ¿Qué se está escondiendo? ¿Acaso la incapacidad de manejar una crisis de esta envergadura?
El silencio ensordecedor de los responsables de la Secretaría de Educación y de Protección Civil no solo es inaceptable, es peligroso.
La falta de comunicación clara y de acciones concretas genera un vacío que, en tiempos de crisis, puede ser tan destructivo como la misma catástrofe.
Los ciudadanos de Tamaulipas tienen derecho a saber qué está ocurriendo, qué medidas se están tomando y cómo se garantizará la seguridad en las escuelas y en las comunidades afectadas.
Es inexcusable que, ante una tragedia de esta magnitud, las autoridades no se presenten con la urgencia y la responsabilidad que el momento demanda.
Ya sea por incompetencia, por negligencia, o por un intento deliberado de esconder la verdad, el resultado es el mismo: una sensación de abandono y vulnerabilidad entre la población que merece, al menos, una gestión eficiente y transparente.
El gobernador Villarreal puede estar gestionando importantes asuntos en la capital, pero es imperativo que se asegure que los integrantes de su gabinete cumplan ante el reto de cualquier emergencia, y que de no hacerlo, de ser necesario, sacudir ese árbol frondoso de la burocracia dorada de la 4T.
Es decir a Villarreal Anaya, Lucía Aimé Castillo Pastor y el mismo Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, hacen quedar muy mal a su jefe, pero quedan mucho peor con el pueblo que ha sido dañado en su patrimonio.
La gente no puede esperar. Las vidas y el bienestar de los ciudadanos no pueden ser sacrificados en el altar de la burocracia o de la incompetencia.
Porque si hay algo peor que una emergencia mal gestionada, es una crisis que se agrava por la indiferencia y la opacidad de quienes deberían estar protegiendo a la comunidad.
Gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Estatal, a los servidores públicos municipales que se dieron cita con más preocupación que conocimiento para atender la crisis, por suerte la SEDENA se hizo cargo y desplegó un servicio de emergencia con binomios incluidos.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
