Por María Jaramillo Alanís
“Es peligroso tener razón en asuntos en los que las autoridades establecidas están equivocados.” –Voltaire.
La reciente sentencia de 20 años para Óscar Zuriel G, condenado por el asesinato del periodista Héctor González Antonio, es un recordatorio doloroso de la impunidad que sigue prevaleciendo en México.
Fue lapidado; es decir, lo mataron a pedradas, le cortaron la lengua y las orejas, lo atropellaron y lo volvieron a atropellar; le quitaron el pantalón, lo tablearon, le machucaron los dedos de las manos (las mismas que volaban cuando estaban frente al teclado). La saña fue tal que las fotografías eran imposibles de ver… náuseas, dolor y terror era lo que daban.
Ver a Héctor o “Hectitor” –como le gustaba que le dijeran de cariño—en esas condiciones lastiman, y mucho; duele en el fondo. El ‘fiscal carnal’ dijo que lo ultimaron con “golpes policontundentes” y lo que duele más, es que pese a la gravedad del crimen y de las pruebas que apuntan a la implicación de más individuos, la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas consideró que el acusado “no era un peligro para la sociedad” y no impuso la pena máxima solicitada por la defensa. No le pareció suficiente el daño y la saña con la que lo perpetró el crimen.
Este fallo subraya la profunda disfunción de un sistema de justicia que parece diseñado no para castigar a los verdaderos culpables, sino para proteger a quienes ejercen el poder.
La ejecución de González Antonio en 2018, lejos de ser un caso aislado, es parte de una escalofriante serie de ataques contra periodistas en el estado.
Desde Carlos Domínguez Rodríguez hasta Antonio de la Cruz y su hija Cintya, los crímenes contra comunicadores se han convertido en una sombría constante en Tamaulipas, un estado donde la violencia y la corrupción han caminado de la mano durante años.
Lo más alarmante es que, en muchos de estos casos, las investigaciones apuntan a actores dentro del gobierno estatal, vinculando estos asesinatos con represalias por denuncias públicas o críticas a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.
El asesinato de Héctor González Antonio no solo fue un ataque contra un periodista, sino un mensaje brutal al gremio periodístico en general. A pesar de que las cámaras de seguridad documentaron la ruta de los asesinos y los testimonios sugieren una posible orden desde el tercer piso de la oficina de Comunicación Social del gobierno, la narrativa oficial se mantuvo en una versión simplista: Héctor murió porque se resistió a un asalto.
Esta explicación, evidentemente blandengue, fue aceptada por las autoridades como suficiente para evitar profundizar en la investigación y, lo que es peor, para proteger a quienes podrían estar verdaderamente involucrados.
El legado del gobierno de Cabeza de Vaca no solo está marcado por la violencia contra los periodistas, sino por un sistema de complicidades que silenció cifras, datos y, lo más importante, a las víctimas.
Mientras Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, reconocía que había una “herencia dolorosa” que enfrentaba Tamaulipas, y sí tenía razón, aún queda mucho por hacer para reparar las cicatrices que dejó un régimen que operó bajo el manto de la impunidad.
Cada asesinato que sigue sin resolverse, cada fallo judicial que minimiza la gravedad de estos crímenes, es un recordatorio de que en Tamaulipas y a lo largo y ancho del país, la justicia sigue siendo un concepto inaccesible para el pueblo raso.
Los periodistas, como González Antonio y de la Cruz, no solo fueron víctimas de la violencia, sino de un sistema que no hizo lo suficiente para protegerlos ni para garantizar que sus asesinos enfrenten las consecuencias de sus actos.
El nuevo gobierno estatal, bajo la mirada esperanzadora de la sociedad y de defensores de los derechos humanos, tiene una obligación histórica: romper este ciclo de impunidad.
Las familias de las víctimas y el gremio periodístico aún esperan justicia, y la deuda de Cabeza de Vaca con Tamaulipas sigue pendiente.
Si no se actúa con firmeza y transparencia, el mensaje será claro: en Tamaulipas, el crimen sigue teniendo licencia para matar.
Es momento de que las autoridades estatales y federales demuestren que la justicia no puede ser manipulada ni comprada, que cada crimen será castigado y que en Tamaulipas se puede vivir sin miedo a decir la verdad.
¡Justicia para Carlos, Héctor, Antonio y su hijita Cintya!
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
