Por María Jaramillo Alanís
La reciente aprobación en el Congreso de Tamaulipas de la iniciativa para eliminar el fuero constitucional a los legisladores con órdenes de aprehensión o que hayan cometido algún delito, es un paso, dicen, hacia la rendición de cuentas y la transparencia en la política estatal.
De hecho, la iniciativa que leyó (y bastante mal) Juan Vital Román, fue aprobada por la mayoría morenista con 19 votos en favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. Esta reforma no sólo responde a una demanda ciudadana de justicia, sino que también modifica profundamente la forma en que se percibe el ejercicio legislativo en la entidad.
El fuero constitucional, una figura pensada originalmente para proteger la independencia del Poder Legislativo, ha sido en muchas ocasiones utilizado como un escudo para la impunidad.
Esta reforma al reglamento orgánico del Congreso, evidentemente cambia las reglas del juego, permitiendo que aquellos diputados que hayan incurrido en delitos antes de asumir su encargo puedan ser procesados como cualquier otro ciudadano.
Este, sin duda es un mensaje claro y aterrador para el cabecismo: el servicio público no puede ni debe ser un refugio para quienes han transgredido la ley.
Si bien la ejecución de una orden de aprehensión dentro de las instalaciones del Congreso aún requiere la autorización de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente, se ha dado un paso crucial para evitar que los privilegios parlamentarios se conviertan en herramientas de evasión legal.
Esta decisión no solo representa un avance legislativo, sino también un compromiso con la sociedad tamaulipeca, que exige de sus representantes políticos integridad y responsabilidad. La eliminación del fuero para los próximos legisladores abre la puerta a una mayor confianza en las instituciones, aunque también plantea desafíos. Será esencial que esta reforma se aplique de manera justa y equilibrada, sin ser utilizada como un arma política para perseguir a adversarios.
El reto ahora es asegurar que esta medida no quede en un simple ajuste normativo, sino que se convierta en una práctica cotidiana donde la transparencia y la legalidad guíen el actuar de los diputados. Los ciudadanos estarán atentos a que esta nueva disposición sea aplicada con rigor y que no se convierta en un elemento simbólico sin consecuencias reales. Para Tamaulipas, este es el inicio de una transformación necesaria para que el Congreso se acerque más a los principios de justicia y servicio público que todos los ciudadanos merecen.
Esta reforma es solo el primer paso de lo que debe ser una serie de esfuerzos destinados a reforzar la confianza ciudadana en sus representantes. El fuero ya no puede ser sinónimo de impunidad. La clase política tiene ahora la oportunidad, y la obligación, de demostrar que el compromiso con la legalidad es más fuerte que los intereses personales o de grupo.
Con este cambio, el Congreso de Tamaulipas se coloca en la senda correcta hacia una mayor rendición de cuentas. Pero, como siempre, será el tiempo, y sobre todo, las acciones concretas de sus integrantes, lo que determinará si este esfuerzo realmente se traduce en un cambio tangible para la ciudadanía.
De dónde y porqué surge le fuero
El fuero constitucional tiene sus orígenes en Europa entre Inglaterra (S. XV), Francia (1789), y España (1810), por lo que no es una figura propia de estos tiempos, y éste surge como una prerrogativa para los legisladores ante la necesidad de otorgar protección a su trabajo en el desempeño de sus funciones. En América, se le ubica en Estados Unidos desde 1787.
El fuero constitucional en México se aplica desde 1812 a través de la Constitución de Cádiz y posteriormente las Leyes Fundamentales que han regido en nuestro país han contemplado la inviolabilidad de los legisladores y la prohibición de ser procesados por responsabilidad penal salvo autorización expresa del Congreso. No es sino hasta 1977 cuando aparece la figura del fuero constitucional como tal y en 1982 a través de una reforma constitucional, se le sustituye por la declaración de procedencia, conservándose la esencia del fuero. (Dirección de servicios de investigación y análisis marzo 2017 ” Inmunidad Parlamentaria y/o fuero constitucional de los legisladores”)
Tampoco es nuevo el tema de la mencionada reforma en el Congreso de Tamaulipas, ya en la legislatura federal LXIII dos iniciativas fueron presentadas en las cuales además de eliminar completamente el fuero, proponían que dentro del recinto parlamentario cuando se trate de cumplimentar una orden de aprehensión, a fin de evitar que se evada la justicia, éstas se lleven a cabo, estableciendo como condicionante para ello, que exista previo permiso y coordinación ya sea del presidente del Congreso, de la Cámara correspondiente o de la Comisión Permanente según sea el caso. Aquí así fue aprobada la reforma.
Pero miren, en el caso que nos ocupa, en que las y los diputados sean detenidos si han cometido un delito, el Congreso Local no expedirá la acreditación como legisladores, y por lo tanto, no tendrán fuero, aun y cuando hayan sido electos por la vía uninominal o plurinominal y expedida su constancia de mayoría por el órgano electoral. Es decir, ya torció la puerca el rabo.
La reforma de ley votada por la 65 legislatura, ataca principalmente la impunidad con la que algunos panistas usaron el fuero- verbigracia los García Cabeza de Vaca y Peña Flores- quienes además se condujeron por los puestos públicos que se supone despeñaron, en beneficio propio; Peña Flores, que siendo secretario General de Gobierno “regaló” fiats a diestra y siniestra y todavía sigue cobrando el millón de pesos a los beneficiaros de la fe pública.
Total, que bueno que se aprobó la reforma de ley pues los García Cabeza de Vaca no merecen nada más que la cárcel, ojalá sea así, sino se seguirán riendo de los tamaulipecos.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
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