- La educación preescolar también es un derecho de las niñas y los niños.
- ISSSTE y Gobierno Estatal tendrán que coordinarse para resolver un conflicto provocado por las burócratas.
Por María Jaramillo Alanís
Hoy en honores que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya, acá en Ciudad Victoria, madres y padres de familia dieron a conocer el cierre prolongado de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil Número 71 del ISSSTE que ha dejado a cerca de 90 niños sin acceso a clases durante los últimos tres meses.
Esta situación ha generado un legítimo y creciente descontento entre los padres de familia, quienes ven cómo el derecho a la educación de sus hijos se ve vulnerado por un problema administrativo y de infraestructura que parece no tener solución inmediata.
Por supuesto que la protección de los niños y niñas debe ser la prioridad en cualquier circunstancia, pero esto no debe servir como excusa para desatender su educación.
Si bien es cierto que la estancia fue clausurada por razones de seguridad tras observaciones de Protección Civil, es inaceptable que después de tres meses no se hayan puesto en marcha las soluciones necesarias para reabrir las instalaciones o, en su defecto, reubicar a los menores en un espacio seguro y adecuado.
Es particularmente preocupante que, según denuncian los padres, existe un dictamen que permite la reapertura de la estancia infantil, con la clausura temporal de ciertas áreas como el comedor y la cocina, que son las más afectadas.
Sin embargo, tanto la directora de la EBDI Victoria, Ana Karen Rodríguez González, como la Mtra. Karyme Alicia Fuentes Perales, encargada de la subdelegación de prestaciones económicas del ISSSTE, han mostrado una reticencia a asumir la responsabilidad de reabrir las instalaciones, generando un prolongado conflicto que perjudica gravemente a los niños y sus familias.
Los niños han perdido tres meses de clases en un periodo crucial para su desarrollo educativo.
Y las justificaciones basadas en la seguridad son válidas, pero las soluciones deben, a éstas alturas, inmediatas.
Es incomprensible que, en pleno siglo XXI, en una capital de estado como Ciudad Victoria, se permita que una generación de niños pierda tiempo irrecuperable de su formación preescolar por la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
El problema radica en la falta de voluntad para resolverlo. Si existe un dictamen que permite la reapertura parcial de la estancia, debería ser la prioridad de las autoridades correspondientes resolverlo de manera inmediata, mientras se buscan soluciones definitivas para las áreas afectadas.
No es aceptable que los niños sigan siendo víctimas de la ineficiencia de una burocracia caprichosa y anodina.
El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su compromiso con la educación y con las familias tamaulipecas. Su intervención directa podría destrabar este conflicto y garantizar que los niños puedan regresar a clases cuanto antes.
La educación infantil no es un lujo, es un derecho fundamental, y debe ser tratado como tal.
Es momento de actuar con celeridad y eficacia. Las autoridades del ISSSTE y del gobierno estatal deben coordinarse para resolver esta situación de una vez por todas, asegurando que estos niños no pierdan más tiempo lejos de las aulas.
La educación en Tamaulipas no puede seguir siendo víctima de la desidia; es hora de priorizar el futuro de nuestros niños.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
