- Hace falta la urgente y decidida intervención del Gobierno federal
María Jaramillo Alanís
En los últimos tres años, la historia de Tamaulipas ha estado marcada por una serie de tragedias que no solo han dejado cicatrices en la piel de las víctimas, sino que también han socavado la confianza de la ciudadanía en las empresas de servicios básicos.
Engie México, la empresa encargada de distribuir gas natural en la región, ha sido el epicentro de múltiples incidentes que han cobrado vidas y han dejado a varios tamaulipecos gravemente heridos. Lo peor del caso es que no trasciende la gravedad del asunto y estos episodios ponen en evidencia un patrón de negligencia que no puede seguir siendo ignorado.
El caso más reciente en Ciudad Madero es sólo un ejemplo de la serie de explosiones que han marcado la operación de Engie en la región. La noche del miércoles 9 de octubre, una fuga de gas en una de sus líneas causó una explosión que dejó a tres personas con quemaduras de tercer grado, una de ellas en coma.
No es la primera vez que esto ocurre. En 2022, Matamoros fue escenario de una tragedia similar cuando una explosión en una tienda de conveniencia dejó dos empleados muertos. Un año después, otra explosión dejó a Talhía, una joven con un futuro por delante, con el 60% de su cuerpo quemado y su familia lucha contra el gigante francés para que se haga responsable.
Pero más allá de estos casos específicos, lo que verdaderamente indigna es la inacción de las autoridades locales y federales. Más de 300 reportes de fugas de gas en los últimos tres años no han sido suficientes para que se tomen medidas decisivas contra la empresa.
Las promesas de sanciones quedan en el aire, como las de Héctor Marín Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, que anunció sanciones tras la explosión en Miramápolis. Pero la pregunta persiste: ¿cuándo se traducirán estas palabras en acciones concretas?
En el trasfondo de esta situación se encuentra la impunidad con la que ha operado Engie México. Una empresa con capital Francés y presencia en varias ciudades de México y el mundo no debería poder seguir operando sin rendir cuentas ante una serie de incidentes que han dejado una estela de destrucción. ¿Cómo es posible que, en pleno 2024, las vidas de los tamaulipecos estén a merced de una red de distribución de gas que no garantiza su seguridad?
La situación exige una auditoría exhaustiva de todas las operaciones de Engie en el estado, y una evaluación de la concesión que se le han otorgado.
Una revisión exhaustiva a las líneas de distribución y ponderar si el costo-beneficio les arrienda las ganancias, pues por más que se pinte un panorama de modernidad y alto nivel, lo cierto es que la empresa debe ya demasiados daños a nuestra población.
Tamaulipas no puede seguir siendo el escenario de tragedias evitables, y es hora de que se establezcan nuevos estándares de seguridad para las empresas que operan en la región.
El gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, porque la vida y el bienestar de los tamaulipecos no puede seguir siendo una moneda de cambio en el juego de la negligencia corporativa y la indiferencia política.
La comunidad tamaulipeca, especialmente aquellos que han perdido a un ser querido o han visto su vida cambiar drásticamente a raíz de estos accidentes, merece justicia. Pero también merece un entorno en el que la seguridad esté garantizada y donde las empresas que no cumplan con su responsabilidad enfrenten consecuencias reales.
El silencio y la inacción no son opciones cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que Nunca.
