- Destacan 55 inconsistencias en la ejecución de contratos de obras públicas en Altamira y Auditoría Superior de la Federación coincide con la ASE.
Por Agustín Peña Cruz
Altamira, Tamaulipas. – La falta de transparencia y las dudas sobre la correcta ejecución de los procedimientos en las adjudicaciones de obras públicas, tanto a través de asignaciones directas, a al menos tres empresas como por licitaciones públicas nacionales, siguen siendo motivo de preocupación.
En estos procesos, siempre se repiten los mismos nombres de empresas favorecidas, lo que genera suspicacias sobre la administración de las finanzas públicas en el municipio de Altamira.
Durante la administración 2021-2024, se asignaron obras de manera excesiva, sin la aprobación formal del cabildo, siempre siguiendo una vía económica, y presentadas en audiencias públicas. Posteriormente, estas obras se formalizaban a través de actos protocolarios.
En ese periodo, el alcalde Armando Martínez Manríquez no enfrentó oposición real por parte de los regidores. Sin embargo, durante su reelección (2024-2027), las asignaciones de obras están siendo objeto de un escrutinio más exhaustivo, tanto en cuanto al fondo como a la forma en que se aprueban las obras y se seleccionan las empresas favorecidas.
El patrón observado parece ser el mismo, dado que los cargos directivos siguen ocupados por las mismas personas que validan estos procedimientos.
En la Cuenta Pública del Municipio de Altamira correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas realizó 55 observaciones. De ellas, 40 se refieren a Gestión Financiera, 1 a recomendaciones y 14 a obras públicas. De las observaciones, 47 fueron solventadas y 8 no lo fueron, principalmente en el área de obras públicas.
El informe de la ASE señala que las auditorías se centraron en “comprobar que la adjudicación, contratación, ejecución, entrega y finiquito de las obras públicas, así como la integración de los expedientes técnicos, se sujetaron a la normatividad aplicable”. Además, la ASE detalló que el objetivo es “verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de obra pública y otros elementos relacionados con la revisión”.
Sin embargo, el informe precisa que la entidad sujeta a fiscalización entregó justificaciones, aclaraciones y documentación complementaria mediante los oficios número ALT/CM/TTA/ALSC/380-2023, del 29 de agosto de 2023, y los números ALT/CM/TTA/ALSC/381-2023 y ALT/CM/TTA/ALSC/382-2023, ambos del 31 de agosto de 2023. Dichos documentos fueron recibidos los días 30 y 31 de agosto de 2023, respectivamente, y fueron analizados conforme a la normatividad aplicable para determinar si las observaciones preliminares debían ser eliminadas, rectificadas o ratificadas en el informe definitivo.
Cabe señalar que las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2023 y 2024 están siendo revisadas minuciosamente por parte de la ASE, ya que se observa que la adjudicación de contratos no sigue el debido procedimiento establecido por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, reveló una fuente cercana al Congreso Local.
Una situación similar fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que también señaló que los contratos adjudicados no cumplían con los procedimientos legales. En su momento, el Gobierno de Altamira emitió un boletín indicando que había solventado dichas observaciones, reconociendo el error en la aplicación de los recursos, lo cual fue corregido conforme a las prácticas habituales en auditorías. No obstante, persiste la duda sobre si los recursos públicos están siendo distribuidos de manera eficiente o si están siendo utilizados de manera discrecional en beneficio de ciertas empresas.
Por lo tanto, en la administración 2024-2027, encabezada nuevamente por Armando Martínez Manríquez, es imperativo un seguimiento más riguroso de la asignación de los recursos públicos para evitar posibles desvíos de fondos municipales.
En este sentido, los regidores de oposición han intensificado su labor de fiscalización, cuestionando el proceso de adjudicación de las obras y la transparencia en su ejecución.
Queda por resolver las interrogantes: ¿Quiénes se benefician realmente con la asignación discrecional de obras? ¿Por qué la ASE y la ASF coinciden en que no se cumplen los procedimientos de adjudicación? Respuestas que, quizás, pronto saldrán a la luz, o las auditorías continuarán revelando detalles clave sobre el manejo de los recursos públicos.
