María Jaramillo Alanís
La detención y posterior liberación del delegado del IMSS en Tamaulipas, Dr. José Luis Aranza Aguilar, presuntamente en posesión de un arma y dinero, han encendido las alarmas sobre el estado de nuestras instituciones y la aplicación de la justicia.
El caso, que en un principio parecía contundente y profusamente difundido, ha ido revelando zonas grises y contradicciones que merecen ser revisadas con rigor.
En la mañera del miércoles, el titular del IMSS, Zoé Robledo, fue cauteloso al explicar que se trata de un delegado con años de experiencia, y que el caso sigue en revisión.
Pero al mismo tiempo puntualizó, que el servidor público fue detenido en el 17 Juárez, fue llevado por los policías estatales, a las oficinas de Héctor Joel Villegas González “El Calabazo”, secretario General de Gobierno.
La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, por su parte, negó que se tratara de un hecho delictivo: no se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército ni indicios sólidos de irregularidad detalló en un comunicado expedido el mismo martes.
Sin embargo, lo más relevante fue la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que el implicado alegó haber sido víctima de un “sembrado de dinero y arma” —una práctica recurrente en cuerpos policiacos que, de ser cierta, evidencia un grave problema de corrupción y abuso de autoridad. Sheinbaum fue enfática: no habrá impunidad.
La responsabilidad de esclarecer los hechos recae ahora en la fiscalía de Justicia a cargo de Irving Barrios Mojica y evidentemente de Sergio Hernando Chávez García, ¿o qué, los elementos de la guardia estatal que participaron en la detención se mandan solos?
Y aquí surgen preguntas fundamentales: ¿quién ordenó a la Guardia Estatal ejecutar esta detención? ¿Fue una acción aislada o hubo instrucciones involucradas? ¿La detención tenía como fin amedrentar, intimidar al servidor público para que guardara silencio sobre el caso de corrupción encontrado en el IMSS de Tamaulipas? De ser así, estaríamos frente a un intento por silenciar voces incómodas y encubrir redes de complicidad institucional, en un gobierno en el que se supone, no es igual que los del PRIAN.
Lo preocupante no es solo lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. Que una figura pública sea detenida con pruebas, que a decir del implicado, le fueron plantadas, y que el sistema responda con tibieza o negligencia, por tanto le abre la puerta a la desconfianza ciudadana.
¿Estamos frente a un intento de desprestigio? ¿O acaso ante un intento fallido de encubrimiento? En ambos casos, el mensaje es peligroso.
Este incidente debe leerse como un llamado urgente a revisar los procedimientos de seguridad y justicia en Tamaulipas. La justicia no puede ser selectiva ni utilizarse como instrumento político. Si el delegado es inocente, merece la reparación del daño. Si es culpable, la sanción correspondiente. Pero lo que no puede permitirse es la impunidad con la que actúan los cuerpos policíacos, cosa que en el pasado reciente, era cosa común.
La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas tienen ahora una responsabilidad directa e ineludible.
Irving Barrios Mojica y Sergio Hernando Chávez deben responder no sólo ante la ciudadanía, sino ante la ley. Si se confirma que hubo fabricación de delitos o abuso de autoridad, deben iniciarse acciones penales contra los elementos responsables.
La ofensiva contra el delegado del IMSS se desprende de la galopante corrupción en el interior del instituto en Tamaulipas.
Aranza Aguilar con un prestigio médico, docente y de administración de hospitales, quedó en medio de los manotazos de los proveedores, pero sigue siendo importante preguntar; ¿quién ordeno la movilización policiaca contra este servidor público? ¿Qué había descubierto, más bien a quién? ¿Héctor Joel Villegas, El Calabazo para sus cuates, qué personalidad judicial representa que los jenízaros se lo llevaron a su oficina y ahí mismo liberó a Aranza Aguilar?
Irving Barrios, Chávez García y Villegas González, estorban al gobierno legitimado en las urnas y, después de lo ocurrido contra Aranza Aguilar, debería valorarse la salida de los tres funcionares implicados.
El operativo contra el delegado del IMSS no fue una simple equivocación operacional: es un crimen orquestado por distintas personajes que responden a intereses oscuros. Y quienes lo hayan permitido, ejecutado u ordenado deben rendir cuentas.
México no puede seguir tolerando un sistema donde el poder se use para castigar, no para impartir justicia. En Tamaulipas, este caso debe marcar un antes y un después de Aranza Aguilar.
Desde Mi Trinchera Vietnamita más Janambre que nunca.
