Por María Jaramillo Alanís
Desde la Cámara de Diputados, el presidente Sergio Gutiérrez Luna lanzó una advertencia que no puede ignorarse: en Tamaulipas opera una red de jueces y magistrados que no imparten justicia, sino que la distorsionan para proteger al exgobernador prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
No es una acusación al aire. Es una denuncia con nombres, apellidos y expedientes. Una revelación que confirma lo que muchos ya intuían: el sistema judicial fue secuestrado por intereses políticos y económicos.
- Un aparato judicial al servicio de un prófugo
Durante su mandato —y aún después de dejar el cargo— Cabeza de Vaca mantuvo una escolta de casi 40 elementos pagados con dinero público. Un privilegio inaceptable en un estado golpeado por la violencia y la pobreza.
Cuando el gobierno intentó retirar ese beneficio, dos jueces, Faustino Gutiérrez Pérez y Juan Fernando Alvarado López, intervinieron con amparos exprés para blindarlo. No lo hicieron para proteger derechos humanos. Lo hicieron para mantener intactos los privilegios de un político acusado de corrupción y perseguido por la justicia.
- Una red que mezcla poder, familia y complicidad
Pero no se trata solo de dos nombres. El presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, también ha sido señalado como parte de esta estructura. Y lo más grave: la jueza Carmen Ávila, esposa del juez jubilado Gutiérrez Pérez, fue colocada como su sustituta. El círculo se cierra.
Esto no es justicia. Es una mafia judicial. Es la institucionalización de la impunidad.
- La reforma judicial más que un cambio, es una limpieza urgente
Este caso deja en claro que la reforma al Poder Judicial no es un asunto técnico ni un capricho político. Es una necesidad histórica, porque en Tamaulipas, como en muchos estados, la justicia se ha convertido en una herramienta de protección para quienes deberían enfrentarla.
Los jueces no pueden seguir siendo abogados de políticos. Las sentencias no pueden seguir firmándose con base en favores ni en pactos. La denuncia de Gutiérrez Pérez debe tener consecuencias.
- Sin consecuencias no hay justicia
La ciudadanía no quiere más exhortos simbólicos. Exige destituciones inmediatas, procesos penales y una purga real del Poder Judicial. Solo así se recuperará la confianza en las instituciones.
La reforma judicial es una oportunidad para limpiar la casa. Pero también puede ser la última llamada. Si no se actúa ahora, la impunidad terminará por devorar lo poco que queda del Estado de derecho.
Francisco García Cabeza de Vaca es un delincuente, no es novedad, y mucho menos que desde su adolescencia pintaba para lo que hoy es, un bandido de siete suelas. Que esquiló a las y los tamaulipecos año con año el presupuesto que debía usar en buena gobernanza, pero hizo lo contrario. Por si fuese poco amenazó, cobró por cada obra asignada, durante su “mandato” fueron asesinados tres compañeros periodistas y otro tanto perseguidos y echados del estado. Por si eso fuera poco, dejó las finanzas estatales en quiebra…pero a la fecha la “justicia” le ha hecho lo que el viento a Juárez; Nada.
Algún día la justicia terrenal alcanzará a Cabeza de Vaca, aunque le tengo más fe a la justicia divina, esa más temprano que tarde llegará.
Hasta no ver a Vaca en la cárcel, creeré que nadie está por encima de la ley.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
