En Paramount, una ciudad del sur de Los Ángeles, se producen por estos días enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y manifestantes, quienes acudieron tras difundirse información sobre redadas de deportación en la zona.
La escalada de tensión llevó al presidente Donald Trump a pedir el despliegue de 2.000 agentes para «restaurar la ley y el orden» después de dos días de protestas esporádicas contra las operaciones migratorias.
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la medida, advirtiendo que solo aumentaría la tensión. Sus preocupaciones se materializaron al día siguiente en el centro de Los Ángeles, donde cientos de personas bloquearon accesos mientras los agentes intentaban dispersarlas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Algunos vehículos fueron incendiados en el proceso.
El sentir de Newsom resonó entre los habitantes de Paramount, una comunidad de aproximadamente 51.000 personas, donde una gran mayoría tiene raíces latinas y más de un tercio nació fuera de Estados Unidos, según datos del censo.
Constance Squire, una profesora del condado de Orange, sentía que como mujer blanca con privilegios, debía usar su voz para apoyar a quienes enfrentaban discriminación.
Expresó su preocupación por el rumbo de la democracia y advirtió sobre un posible giro hacia un sistema autoritario bajo el liderazgo de Trump.
Por otro lado, Yesenia y Anilady Linares, dos hermanas de origen mexicano residentes en Los Ángeles, vivían las protestas de manera personal.
Su familia había llegado al país norteño sin documentos y enfrentaron dificultades extremas en el camino. Para ellas, era fundamental alzar la voz contra la separación de familias y las políticas que consideraban racistas.
Mientras tanto, Ana María Rodríguez eligió una forma inusual de protesta, posicionándose en una avenida completamente desnuda con mensajes en carteles. Explicó que prefería una manifestación pacífica basada en el amor y el silencio, en lugar de recurrir a la violencia.
El día también estuvo marcado por un intenso intercambio entre líderes demócratas y el gobierno federal.
Trump justificó el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles alegando fallos en la gestión del gobernador Gavin Newsom, mientras que Newsom denunció la intervención como una violación de la soberanía estatal.
La vicegobernadora Eleni Kounalakis incluso mencionó la posibilidad de emprender acciones legales contra la administración Trump, presagiando un prolongado enfrentamiento entre Washington y Sacramento.
La policía recurrió al uso de granadas de estruendo y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, con algunos agentes empleando la fuerza física mientras realizaban detenciones.
Es un hecho sin precedentes en décadas que un presidente ordene el despliegue de la Guardia Nacional sin la solicitud o aprobación de un estado.
En respuesta, el gobernador Newsom anunció que California demandará a la administración Trump, al tiempo que calificó la acción de provocadora, una opinión compartida por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
