Por María Jaramillo Alanís
El secuestro y asesinato de Elena Lavín Montemayor no solo sacudió a Ciudad Victoria por la brutalidad de los hechos, sino por lo que representa: el fracaso del Poder Judicial y el Estado que no logra proteger a sus ciudadanos ni garantizar justicia plena.
Hoy, la noticia de que un juez del Sistema Penal Acusatorio absolvió a Alain Eduardo “N”, Jesús Alejos “N” y Carlos Alberto “N”, señalados por su presunta participación en el crimen, vuelve a abrir una herida aún no cerrada.
La resolución judicial se basa, según la propia Fiscalía, en la “insuficiencia probatoria” para acreditar el delito de secuestro agravado, a pesar de que el Ministerio Público aportó más de 40 testimonios, videos, peritajes y evidencia sobre una exigencia de rescate de hasta un millón de pesos.
Si con todo ese cúmulo de pruebas no fue suficiente para mantener la acusación, cabe entonces preguntarse: ¿qué falló? ¿La investigación? ¿El proceso judicial? ¿La presentación de las pruebas? ¿O fue simplemente un sistema diseñado para colapsar cuando se trata de crímenes de alto impacto?
La absolución no implica necesariamente que los acusados sean inocentes, ¿O sí lo son? sino que el Estado no pudo probar su culpabilidad. Y eso es, en sí mismo, una derrota para la justicia y un mensaje preocupante para la sociedad: que incluso ante casos graves, con víctimas identificadas y procesos públicos, el resultado puede ser la impunidad.
Desde el momento en que se dieron a conocer los presupuestos implicados en el crimen, en la calle se sostenía una y otra vez que eran simples “chivos expiatorios” y, la determinación del juez daría la razón a la comunidad y que en este como en otros, la Fiscalía del “Carnal” Irving, volvió a fallar.
La Fiscalía ha anunciado que interpondrá el recurso legal correspondiente. Haría bien en hacerlo con contundencia y en revisar a fondo las fallas procesales. No basta con mostrar indignación institucional: hace falta eficacia jurídica, rigor y compromiso real con las víctimas.
Pues hay que recordarle a Barrios Mojica que en el caso de Carlos Domínguez, periodista asesinado en Nuevo Laredo, la Fiscalía armó un caso contra personas inocentes y a la fecha no existen detenidos por este horrendo crimen.
Por estos y muchos otros casos, la reforma al poder judicial era obligada. A las y los nuevos juzgadores les corresponde ahora asumir una tarea inmediata y urgente; restaurar el orden, garantizar el derecho y devolverle a la sociedad lo que más se les ha negado en los últimos años: justicia.
A Elena Lavín Montemayor, una victorense querida y respetada, la ha revictimizado un Juez que no vio pruebas, quizá solo el eco contante y sonante.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
