Por María Jaramillo Alanís
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue asesinado la tarde del lunes 4 de agosto en Reynosa, en un ataque directo, a plena luz del día, sobre el Bulevar Miguel Hidalgo y frente a decenas de testigos.
Aunque mantenía un perfil bajo, su rol era central: investigaba y perseguía delitos federales de alto impacto en uno de los estados más golpeados por el crimen organizado.
Desde 2019 encabezaba la delegación tamaulipeca de la FGR. No daba entrevistas ni buscaba reflectores, pero su nombre aparecía con frecuencia en reuniones de seguridad y operativos de alto nivel.
Apenas el 26 de julio, la FGR decomisó un millón 800 mil litros de hidrocarburo en Reynosa, junto con vehículos, maquinaria y contenedores. Un golpe al corazón del negocio de los huachicoleros.
La pregunta no es si hay relación entre ese operativo y el crimen del delegado. La pregunta es: ¿quién se atrevió a mandar el mensaje y con qué protección política?
Porque a esta hora, el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch ya sabe quién, cómo y dónde se orquestó el asesinato. Júrelo: están involucrados políticos de siempre, los mismos que durante años han protegido el robo a Pemex. Los mismos que deben estar en la cárcel.
Vázquez Reyna no cayó por error ni fue víctima colateral. Lo mataron por hacer su trabajo. Por tocar intereses intocables.
Y antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pise Ciudad Victoria, el caso deberá estar resuelto. De lo contrario, Tamaulipas volverá a ser la burla nacional, pasto seco para el incendio mediático de los carroñeros de siempre.
