- Jefe del Ejecutivo envía Iniciativa de Ley para regular la infraestructura subterránea
- Demanda para anular contrato con el Parque Eólico La Mesa, esta en manos de los ejidatarios.
Por María Jaramillo Alanís
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de dar respuestas a la población afectada por las explosiones de gas y evitar que hechos similares se repitan, el gobernador Américo Villarreal Anaya envió al Congreso del Estado una iniciativa de Ley para regular a todas las empresas que instalan infraestructura subterránea de agua, electricidad y gas en zonas urbanas e industriales.
El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó lo anterior en conferencia de prensa al presentar el Foro Generación Eólica, espacio de análisis y reorganización para la actualización del sistema energético nacional.
Al ser cuestionado sobre las explosiones atribuidas a la trasnacional Engie, el funcionario precisó que los casos se encuentran judicializados, con carpetas de investigación abiertas, como los de Matamoros, donde murieron dos jóvenes y una mujer resultó con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, además del ocurrido en Miramápolis.
“El trasfondo del problema —dijo— es la falta de regulación y supervisión de la infraestructura subterránea en zonas urbanas e industriales. Hoy, gracias a la propuesta del Ejecutivo, el Congreso analiza una iniciativa que busca poner orden y obligar a las constructoras a notificar a los propietarios de la infraestructura antes de intervenir en calles, ductos o pavimento, para que verifiquen los trabajos y se eviten riesgos mayores”.
La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Francisco Cruz, presidente de la Comisión de Energía.
En otro tema, Ángel Jiménez reveló que el gobernador instruyó la preparación de una demanda agraria para anular contratos con el parque eólico La Mesa, también de Engie, debido al incumplimiento en pagos a los habitantes de los ejidos Pedro J. Méndez, Compuertas y Emiliano Zapata, del municipio de Llera. La denuncia ya está en poder de los ejidatarios, quienes decidirán si la presentan ante los tribunales.
“Nosotros hicimos lo que nos correspondía. Desde hace dos meses la denuncia está en sus manos”, precisó.
Respecto al futuro de más proyectos eólicos en Tamaulipas, el secretario adelantó que el Ejecutivo estatal presentará un decálogo de compromisos mínimos que deberán cumplir las empresas interesadas en invertir: pagos directos a ejidatarios, sin intermediarios; transparencia en las cuentas; y un marco de gobernanza en el que participen actores públicos, privados y sociales.
