Por María Jaramillo Alanís
El dictamen negativo de 41 de las 44 cuentas públicas del ejercicio 2021 no es un asunto menor ni técnico: es la confirmación de un sistema de corrupción generalizado en el último tramo del gobierno panista encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La magnitud del desaseo administrativo –que involucra a instituciones educativas, organismos de agua, cultura, vivienda, institutos de mujeres, deporte, universidades, comisiones estatales y ayuntamientos– refleja que el saqueo no fue un error aislado, sino una política de gobierno tolerada y reproducida desde la cúpula del poder.
La narrativa que suelen utilizar los exfuncionarios y sus aliados políticos y amanuenses, alegando persecución electoral, se derrumba sola: ha pasado un año de la última elección y faltan dos para la siguiente. El dictamen no es un golpe de coyuntura, sino el resultado de un proceso largo de revisión, con oportunidades para aclarar observaciones, que no fueron atendidas. Es decir, no hubo voluntad ni capacidad para solventar los desvíos.
La figura de Cabeza de Vaca aparece de nuevo en el centro de la escena: un prófugo que desde el extranjero exhibe con su estilo de vida el botín sustraído, mientras mantiene una estrategia política basada en financiar campañas mediáticas de desprestigio contra el actual gobierno.
Esto no solo agravia a los tamaulipecos, sino que coloca a la oposición local en un lugar incómodo: ¿defenderán lo indefendible o se atreverán a deslindarse de quien carga con un historial de irregularidades que ya no admite excusas?
La relevancia del caso también se conecta con el momento institucional: la instalación de un nuevo Poder Judicial Federal y Estatal, con bases democratizadas, abre una ventana de confianza para que el combate a la impunidad no quede en promesas.
La ciudadanía espera no solo dictámenes legislativos, sino consecuencias judiciales reales: que los responsables sean procesados y respondan ante la justicia.
En síntesis, estas cuentas públicas no son simples números rojos en la contabilidad: son la radiografía del atraso, la impunidad y la descomposición que vivió Tamaulipas bajo un gobierno que confundió la administración con el saqueo.
Porque si algo queda claro con este dictamen, es que las cuentas públicas fueron reprobadas, pero la corrupción del sexenio panista fue, tristemente, aprobada y hasta institucionalizada.
Toca a la justicia romper ese ciclo.
El reto ahora es que el Congreso y el Poder Judicial no repitan el viejo guion de la simulación. La sociedad no toleraría otro carpetazo.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
