Por María Jaramillo Alanís
Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud, no dejó lugar a duda cuando afirmó que hay 70 denuncias, de las cuales 14 de ellas son de carácter penal contra Francisco García Cabeza de Vaca y parte de su gabinete de Salud, solo confirma lo que ya era un secreto a voces: el panismo convirtió al sector salud en una caja chica para financiar campañas y enriquecer a sus socios.
Los números no mienten. Más de 343 millones de pesos fueron desviados a través de contratos amañados con empresas vinculadas a los hermanos Carmona, quienes, por cierto, fueron los mismos que financiaron la campaña de Cabeza de Vaca en 2016. El círculo se cierra: dinero público convertido en negocio privado y en motor electoral de un gobernador que juraba “defender a Tamaulipas del saqueo”.
Pero Cabeza no actuó solo. Ahí están las firmas de su secretaria de Salud, Gloria Molina, de Alejandro Aguilar Poegner, de Horacio García Rojas, así como Román Castillo Ariola, entre otros funcionarios que se prestaron a violentar la Ley de Adquisiciones.
Se trató de un esquema de corrupción diseñado desde arriba, operado en silencio y pagado con la salud de miles de tamaulipecos que encontraron hospitales sin medicinas, clínicas abandonadas y servicios colapsados.
El cinismo es brutal: se asignaron más de 500 millones en contratos, de los cuales 157 millones simplemente se “perdieron”, sin que las empresas reclamaran ni un peso. ¿Negocio pactado? ¿Pago adelantado en especie? Lo cierto es que no hay explicación técnica que justifique semejante “olvido”, salvo que haya sido parte del acuerdo entre políticos y contratistas.
Tras destacar que se ha tenido la colaboración de personas que laboraron en la pasada administración estatal, el director jurídico de la Secretaría de Salud enfatizó que no se trata de una persecución política, sino de “poner a la luz del conocimiento de la ciudadanía los hechos que se han presentado y que han dañado las finanzas del Gobierno del Estado en menoscabo de los servicios de salud de Tamaulipas”.
Hoy el gobierno de Américo Villarreal promete que no habrá impunidad. Y esa es la exigencia ciudadana: que la red de corrupción azul pague, porque el pueblo de Tamaulipas no puede tolerar que el saqueo quede sin castigo.
Y mientras tanto, el PAN guarda un silencio cómplice. No dicen nada porque todos saben que el “panismo pueblerino” de Cabeza de Vaca solo les lanzó migajas, mientras él y sus socios se quedaban con la tajada grande.
Al final callan porque se beneficiaron, callan porque fueron parte del saqueo. Aunque el silencio los delata: al fin y al cabo, ¡ladrones todos!
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
