Por María Jaramillo Alanís
El Instituto Electoral de Tamaulipas no tendrá elecciones que organizar en 2026, pero sí tendrá casi 400 millones de pesos para gastar.
El argumento es el mismo de siempre: la mitad del dinero irá directo a los partidos políticos, que aun en años “muertos” reciben más de 200 millones de pesos solo por existir. El resto será para la operación del instituto, que insiste en que cumple con criterios, manuales y lineamientos de la Secretaría de Finanzas.
Pero detrás de esa frialdad burocrática se esconde una verdad incómoda: los sueldos y prestaciones de consejeras y consejeros, muy por encima de lo que percibe un trabajador promedio, se mantienen intactos. Una élite electoral que, sin importar si hay o no elecciones, disfruta de salarios de privilegio en un estado que el panismo dejó en bancarrota, prácticamente.
La pregunta es si, en un país y un estado en que la austeridad republicana es prácticamente un dogma ¿resulta aceptable que un organismo sin comicios por organizar consuma tal cantidad de recursos? Cierto que los partidos políticos se han convertido en maquinarias costosas, con subsidios millonarios que difícilmente se justifican frente a hospitales sin medicinas, escuelas en ruinas o colonias enteras sin agua potable y sin servicios básicos.
Mientras a los tamaulipecos se les pide ajustarse el cinturón, los partidos y el árbitro electoral disfrutan un banquete con cargo al erario. Y es aquí donde la ciudadanía percibe que la austeridad es relativa: aplica para unos, pero nunca para quienes viven del presupuesto.
El 2026 será un año sin elecciones, pero no sin gasto. El IETAM, sus consejeros y los partidos políticos volverán a administrar una bolsa que parece intocable.
Indigna comprobar que aún hay quienes cobran como si sostuvieran al Estado en sus hombros, cuando en realidad viven cómodamente de él, convertidos en una clase política de privilegios que ni trabaja ni se toca.
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
