Por María Jaramillo Alanís
Tamaulipas carga con una de las historias más dolorosas del país. Durante el sexenio del espurio Felipe Calderón y los años siguientes, la entidad fue considerada una auténtica “zona de silencio”: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de periodistas, agresiones a defensores de derechos humanos, y cuerpos policiacos que, lejos de proteger a la población, servían como brazos armados de los grupos criminales.
La llamada “guerra contra el narco” dejó una herida que no cicatriza. En casi todas las familias tamaulipecas hay una silla vacía, un nombre en la lista de desaparecidos o un recuerdo marcado por la violencia. Durante el Calderonato y del también panista, Francisco García Cabeza de Vaca, la cifra negra de desaparecidos rebasó las 12 mil personas, y el miedo se volvió parte del día a día.
Hoy, aunque persisten las desapariciones y los grupos criminales siguen causando dolor, el gobierno de Tamaulipas ha decidido enfrentar el problema con seriedad.
El gobernador Américo Villarreal Anaya marca un punto de inflexión en la historia reciente de la entidad al reunirse, con representantes de nueve colectivos de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
El encuentro no fue menor. Tras presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones del C3, el mandatario escuchó, de viva voz, las denuncias de las familias, quienes narraron el maltrato, las intimidaciones y las amenazas sufridas durante el sexenio pasado, cuando el gobierno les cerró las puertas y les negó respuesta.
Villarreal Anaya no solo escuchó: se comprometió a que los colectivos tengan voz en la definición de los casos más urgentes a atender, especialmente en temas de salud, alimentación y educación, y pidió que se integren a las Mesas Ciudadanas de Seguridad, para que el seguimiento sea permanente.
En la reunión también estuvo presente el Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, quien también lo fue en la etapa más negra de las desapariciones en Tamaulipas, bajo las órdenes de Francisco García Cabeza de Vaca. Su presencia es un recordatorio de que no basta con escuchar a las víctimas: se necesita revisar a fondo las instituciones que permitieron la impunidad, deslindar responsabilidades y evitar que se repita el horror.
La reunión, moderada por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, contó con la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán De la Garza Tamez, y otros funcionarios de primer nivel. La foto de todos ellos, sentados frente a las familias, es más que simbólica: es la señal de que el Estado está dispuesto a escuchar y reconocer el dolor de sus ciudadanos.
Este gesto no resuelve, de un día para otro, la crisis de desapariciones. Pero en un estado que fue laboratorio de una guerra y de la impunidad, abrir la puerta y darles voz a las víctimas es un paso que no se puede minimizar.
El llamado ahora es al gobierno federal, para que respalden esta política de puertas abiertas y refuercen los recursos para búsqueda, identificación y atención integral de víctimas en Tamaulipas.
La justicia y la verdad no pueden esperar más: las familias merecen respuestas y el Estado mexicano debe estar a la altura del dolor de su gente.
Para Guillermo, ya fallecido, Miriam, Elizabeth, Martina, Pilar, y para todas las madres que buscan con vida a sus hijas e hijos, estas acciones no les remendarán el corazón, pero sí son el inicio de un camino hacia la verdad y la justicia.
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
