•Entre recetas, facturas falsas y fondos perdidos, el dinero de los hospitales terminó en manos del cabecismo.
Por María Jaramillo Alanís
Otra vez la sombra de la corrupción alcanza al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. La Auditoría Superior del Estado (ASE) acaba de informar al Congreso local sobre un nuevo presunto desvío de recursos en la Secretaría de Salud, superior a los 200 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
Los datos son demoledores: 196 millones de pesos provienen de fondos federales y más de 4 millones de recursos estatales, todo bajo la administración que encabezó el panista entre 2016 y 2021.
El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, explicó que el equipo técnico revisa documentos contables, pólizas y comprobantes fiscales, pero las primeras observaciones ya apuntan a deficiencias graves en los procedimientos y una evidente falta de control administrativo.
Este hallazgo se suma a la larga lista de irregularidades detectadas en dependencias del sexenio cabecista, donde los recursos públicos fueron tratados como botín político.
Mientras hospitales se caían a pedazos y el personal médico enfrentaba carencias, el dinero de la salud parece haber seguido rutas tan oscuras como las de los contratos inflados, los proveedores fantasmas y los favores políticos disfrazados de licitaciones.
No se trata de simples observaciones contables: existen denuncias penales ya presentadas contra el propio Cabeza de Vaca y su exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, por hechos que, junto con los nuevos hallazgos, configuran un esquema sistemático de saqueo.
Y no son las únicas: hay más expedientes acumulándose en otras áreas de ese gobierno del moche y el atraco, donde el dinero público se repartía entre amigos, socios y operadores de campaña.
El Congreso de Tamaulipas, a través de su Comisión Especial, ha reiterado su compromiso con la rendición de cuentas. Pero no basta con revisar papeles o emitir comunicados tibios: la justicia exige acción, no simulación. Quienes convirtieron la salud en negocio y la administración pública en botín deben rendir cuentas ante la ley.
Cabeza de Vaca dejó tras de sí una estela de impunidad que poco a poco se desmorona.
Cada informe de la ASE confirma lo que durante años fue evidente: su gobierno no solo fue ineficiente, sino moralmente corrupto.
El saqueo al sector salud no es un número en una hoja de cálculo; es la muestra más cruda del desprecio por la vida y la dignidad de los tamaulipecos.
Y que no se equivoquen: la justicia tarda, pero llega. Y cuando lo haga, no habrá cortina de humo ni amparo que alcance para esconder ni los 200 millones robados al pueblo.
Desde Mi Trinchera…
