Por María Jaramillo Alanís
El Congreso de Tamaulipas cumplió el trámite: revisar expedientes, depurar 39 solicitudes, dictaminar y, finalmente, integrar dos ternas—una de mujeres y otra de hombres—que ya fueron enviadas al gobernador Américo Villarreal Anaya para que, de entre ellas, seleccione a los tres perfiles finales rumbo a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Hasta aquí, todo parece un ejercicio institucional impecable. Pero cualquiera que conozca el monstruo que es la Fiscalía, con más de cinco mil trabajadores, inercias arraigadas y vicios heredados, sabe que la verdadera prueba no está en la lista, sino en la capacidad real de quien llegue a la titularidad para enfrentar ese aparato que, por momentos, parece ingobernable.
Entre los nombres que integran la terna masculina, destaca—y no necesariamente por sus méritos—Jesús Eduardo Govea Orozco, recientemente designado en Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Su papel ha sido, por decir lo menos, deslucido.
Denuncia tras denuncia contra los exfuncionarios panistas, incluidos los más señalados del cabecismo, han terminado en tímidos pasos burocráticos, palos de ciego y expedientes empolvados. La pregunta es obligada: si no pudo desenredar las corruptelas que estaban a la vista, ¿Cómo pretenden que dé con los delincuentes comunes y corrientes? Esa duda no la resolverá ningún discurso técnico ni ninguna entrevista ante la Comisión de Justicia.
El otro nombre que destaca es el de Jesús Gilberto Alarcón Benavides. Joven, sin expedientes turbios ni antecedentes políticos que lo condicionen, aparece como una carta fresca en un proceso donde pocas veces se apuesta por el talento de un litigante que trabaja 24/7. Darle el salto generacional a la Fiscalía podría ser la apuesta más sensata, más aún cuando se requiere alguien dispuesto a meter las manos en un avispero que otros solo han administrado.
Sobre las tres abogadas propuestas… quizá las conozcan los diputados que anotaron sus nombres en las papeletas, pero en la calle nadie sabe quiénes son, de qué escuela salieron, en qué pasillo jurídico se mueven o a qué intereses responden. Sus nombres no suenan, no pesan y no generan expectativa. Tal vez haya mérito en sus trayectorias, pero si lo hay, quedó sepultado en expedientes que nadie leyó fuera del Congreso.
El 29 de noviembre el Pleno elegirá al nuevo Fiscal. La designación tendrá efectos formales hasta el 16 de diciembre, pero sus consecuencias políticas y judiciales empezarán a sentirse desde el mismo día en que levante la mano. Ojalá esta vez la elección no sea un trámite más en un Congreso que ya tiene fama de eso, sino un punto de inflexión real para una institución que urge transformar.
Ojalá sea así. Porque Tamaulipas ya no aguanta más improvisados, más simulaciones ni más fiscales de membrete.
Desde Mi Trinchera…
