Por María Jaramillo Alanís
Mientras en Tamaulipas se desarrollan proyectos de gran calado —cruces internacionales, carreteras, infraestructura hídrica, portuaria y ferroviaria— el gobierno de Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, no pierde de vista a quienes sostienen la tierra con sus manos: las y los productores del campo.
Este año llegó una inversión inédita, más de 636 millones de pesos, que empiezan a sentirse en ejidos, comunidades y zonas agrícolas donde cada peso cuenta y cada apoyo puede marcar diferencia. No se trata solo de recursos, sino de una estrategia para que el campo deje de ser visto como un ámbito rezagado y recupere su carácter de motor económico.
Desde la Secretaría de Desarrollo Rural se han movido piezas importantes: subsidios, fertilizantes, acompañamiento técnico, mejoras de precios y un esfuerzo por que cada cosecha tenga más valor y más mercado. No es casualidad que ahora se hable de producir etanol a base de sorgo, una apuesta que ya despertó el interés de empresarios que ven en Tamaulipas un terreno fértil para invertir.
También destaca la iniciativa para transformar sorgo blanco en harinas nixtamalizadas, lo que permitirá asegurar la materia prima de las tortillas y, al mismo tiempo, abrir una ventana de ingresos para las y los productores. En breve se inaugurará la primera tortillería con participación del gobierno y los propios campesinos: una idea sencilla, pero con impacto directo en la economía local.
A esto se suma la inclusión del sorgo tamaulipeco en el programa federal “Cosechando Soberanía”, que ofrece mejores tasas, subsidios del 50% para el seguro agrícola y una línea de crédito de 170 millones de pesos. Es decir, un respiro financiero real para quienes cada ciclo depende del clima, del mercado y de la paciencia para seguir sembrando.
Sin embargo, en medio de todos estos avances, surge una exigencia que no tiene sustento: la petición de los productores de sorgo para que el gobierno estatal y federal impongan un mejor precio de garantía por tonelada. Saben perfectamente —porque así han trabajado por décadas— que el precio del sorgo no lo fija el gobierno, sino el mercado internacional a través de la Bolsa de Valores de Chicago, que determina las cotizaciones globales de granos.
Pretender que México o Tamaulipas alteren ese sistema no solo es inviable: es una narrativa fabricada para presionar políticamente y no una demanda realista del sector.
Y mientras esta transformación avanza, también aparecen las protestas.
Y no, no son espontáneas ni nacen del malestar genuino de quienes trabajan la tierra. Responden a una estrategia conocida: la de la oposición y de aquellos que, en el pasado, eran los grandes beneficiarios de los recursos federales, intermediarios que hicieron del campo su propio negocio.
Hoy se resisten a perder esos privilegios y, en el fondo, quisieran que los apoyos —que ahora llegan directo a productores y comunidades— regresen a sus manos. Por eso agitan, dramatizan y presionan: porque no soportan un modelo donde el dinero público dejó de ser botín.
Todo esto muestra que la transformación del campo no es una promesa al aire. Es un proceso que se cocina con constancia, decisiones acertadas y trabajo de territorio.
Un proceso que avanza, bajo con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Américo Villarreal, que entienden la importancia del campo para la soberanía alimentaria del país.
No es una simple frase, cuando al campo tamaulipeco, se le apuesta de verdad, responde.
Desde Mi Trinchera…
