Por María Jaramillo Alanís
Hubo un tiempo —en los años de Manuel Cavazos Lerma— en el que la Secretaría General de Gobierno era la oficina obligada para anticipar, contener y resolver cualquier protesta social. Los subsecretarios y operadores políticos entendían que su función era evitar que los conflictos llegaran al gobernador. No hacerlo tenía consecuencias: la ineficiencia se pagaba caro con dos días de arresto.
Hoy, el escenario es distinto.
Luego de encabezar los honores a la Bandera Nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue increpado por un grupo de personas: familiares y amigos de un joven identificado como Carlos, apodado “La Rana”, detenido por presunto abuso sexual en agravio de dos enfermeras del Hospital Infantil, centro donde él mismo laboraba, al igual que su madre.
En los videos que circularon ampliamente, se observa al gobernador preguntar con claridad: “¿Quiénes son?, ¿dónde están?”. Camina rodeado por su primer círculo de seguridad y apenas dos o tres reporteros que prácticamente le colocan el celular frente al rostro.
Lo que no se observa —y eso es lo verdaderamente grave— es al equipo de giras y operadores políticos, ese grupo que usualmente no deja pasar ni el aire. Esta vez brillaron por su ausencia, mientras detrás se escuchaban los gritos exigiendo “justicia” para Carlos.
El caso, además, fue rápidamente manoseado por los de siempre. En los mismos videos se identifican personajes y dinámicas conocidas: gente vinculada a Acción Nacional, oportunistas del escándalo y “reporteros” improvisados que, desde el anonimato o la consigna, intentaron capitalizar políticamente el momento.
No se trata de negar la existencia del caso ni minimizar su gravedad; se trata de advertir cómo ciertos medios y actores salieron a cubrir y a empujar una narrativa con evidente sesgo político.
Vale la pena plantear algunas dudas y /o preguntas:
1.-Una de las acompañantes de la madre de Carlos, gritó a todo pulmón ¡Pendejo! directo contra Tomás Gloria Requena, mientras a un costado se encontraba Héctor Joel Villegas González, “El Calabazo”, subsecretario y Secretario General de Gobierno, respectivamente.
2.-Más allá de la forma, el fondo es contundente: ellos son los responsables directos de atender, escuchar, informar y ofrecer salidas institucionales a quienes se sienten agraviados.
3.-Trabajadores de la propia Secretaría General de Gobierno señalan, en voz baja, que sus jefes no informan, no previenen y no actúan, permitiendo que los conflictos crezcan hasta estallar frente al gobernador.
4.-En paralelo, la Fiscalía General de Justicia también quedó exhibida. Más delicado aún: si se confirma que desde la Fiscalía se filtró una imagen que hoy circula en redes sociales, el fiscal Eduardo Govea Orozco tiene la obligación de llamar a cuentas no solo a Comunicación Social, sino a todo su personal. Esa filtración vulnera el debido proceso y contamina el caso.
5.- El caso involucra la seguridad del personal y pacientes del Hospital Infantil, y sin embargo, sus directivos brillaran también por su ausencia.
6.-Por la tarde del mismo lunes, la presidenta magistrada del Poder Judicial, Tania Contreras López, recibió a la madre del joven. Al salir, se limitó a agradecer la amabilidad institucional, sin emitir mayores declaraciones.
Lo más preocupante es la premura con la que la Fiscalía trasladó a una persona que, hasta donde se sabe, no ha sido juzgada ni condenada. ¿Basta hoy la presión en redes sociales y el activismo digital de los amanuenses del pasado para dictar decisiones?
Si el equipo de “El Calabazo” ya se iba desde diciembre, enero es un buen mes para dar las gracias. El daño causado por la ineficiencia política es profundo y acumulado.
El gobernador Américo Villarreal Anaya ha demostrado que da la cara, que escucha y que enfrenta y resuelve. Merece un equipo más comprometido con su gobierno y con el proyecto de la Cuarta Transformación.
Porque mientras sigan operando sapos y ranas, los problemas seguirán llegando —innecesariamente— hasta donde no deberían.
Desde Mi Trinchera…
