Por María Jaramillo Alanís
La auditoría ordenada por el Congreso de Tamaulipas al manejo de los recursos de la Feria de Río Bravo 2025 no solo exhibe presuntas irregularidades administrativas; confirma, además, el aislamiento político absoluto del alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, un personaje que hoy no encuentra respaldo ni entre sus antiguos aliados.
La feria, celebrada del 5 al 28 de diciembre, implicó un gasto significativo en espectáculos, infraestructura y servicios. Sin embargo, lejos de representar un impulso para el municipio, el evento dejó inconformidades ciudadanas, afectaciones urbanas y serios cuestionamientos sobre la legalidad de los contratos celebrados. El festejo terminó y lo que quedó fue la sospecha.
Todo esto ocurre en un municipio financieramente asfixiado. Semanas antes, el presidente del Congreso, Humberto Prieto, exigió al alcalde el pago de una deuda cercana a los 300 millones de pesos con la Comapa, misma que el Alcalde Almaraz exigió al Gobierno estatal y al mismo Congreso se la regresarán. La cifra resulta escandalosa cuando se contrasta con el dispendio en eventos y la precariedad de los servicios básicos.
El Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno para que la Auditoría Superior del Estado revise a fondo la feria, bajo el argumento de garantizar transparencia y rendición de cuentas. Pero el mensaje político es contundente: en Río Bravo ya no se confía en la palabra del alcalde.
Almaraz carga, además, con un pasado que hoy vuelve a pasarle factura.
Ex dirigente estatal del exPRD, su trayectoria política quedó marcada por señalamientos graves que lo colocaron incluso tras las rejas por presuntos vínculos con el huachicol. Ese antecedente explica, en buena medida, por qué hoy nadie sale a dar la cara por él.
Ni su viejo amigo Francisco García Cabeza de Vaca aparece para defenderlo. Tampoco lo hace César “El Truko” Verástegui, otrora operador político y referente del mismo grupo que en otros tiempos cerraba filas ante cualquier embate. Hoy, el silencio es ensordecedor. Almaraz quedó fuera del radar de quienes antes lo cobijaban.
La Auditoría Superior del Estado revisará contratos, montos, procedimientos y posibles incumplimientos. El proceso se anuncia técnico, pero el trasfondo es político: cuando un alcalde pierde respaldo y credibilidad, cada peso ejercido se convierte en una duda legítima.
El Congreso cumple su facultad constitucional de fiscalización, pero también lanza una advertencia clara: los excesos no se tapan con ferias, conciertos ni fuegos artificiales. En Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz enfrenta algo peor que una auditoría: enfrenta el abandono total de sus padrinos políticos.
Hoy, literalmente, no lo defiende ni el diablo. A Río Bravo suele tocarle bailar con el más feo, desde tiempos inmemoriales.
Ojalá que las acusaciones y revisiones, no queden en amagos, ni en cuentos de que ahora sí los llevarán a la cárcel, ¡el pueblo se conforma con que regresen lo robado!
Desde Mi Trinchera…
