Por María Jaramillo Alanís
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes negar el amparo promovido por el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos federales.
Después de aproximadamente una hora de deliberación, el Pleno votó por unanimidad, con voto concurrente, para declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. La resolución fue levantada alrededor de las 13:30 horas de este 24 de febrero.
El caso fue atraído por el máximo tribunal en octubre del año pasado, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro del expediente de revisión 435/2025, cuya ponencia estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres.
Con esta determinación, la Corte revocó la sentencia impugnada y estableció que la justicia federal no ampara ni protege al ex mandatario frente a la orden de aprehensión. La decisión es definitiva y no admite recurso alguno.
- Investigación por delincuencia organizada
El ex gobernador es investigado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las indagatorias se originaron en denuncias presentadas en 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en las que se señala una red de presuntas operaciones financieras irregulares que involucran a familiares, allegados y diversas empresas.
Entre los nombres mencionados en las investigaciones figuran su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; así como otros familiares y supuestos prestanombres. Las pesquisas apuntan a la utilización de empresas fachada, triangulación de recursos y posible lavado de dinero.
Autoridades federales aseguraron múltiples cuentas bancarias vinculadas al ex mandatario y su entorno, además de bienes inmuebles en México y Estados Unidos cuyo valor no correspondería con los ingresos declarados.
- Proceso continúa
Tras el fallo de la Suprema Corte, el proceso penal deberá continuar en un juzgado federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, una vez que se ejecute la orden de captura.
A casi seis años de las primeras denuncias, la resolución del máximo tribunal reactiva plenamente la ruta judicial y abre la posibilidad de una detención en territorio nacional o, en su caso, el inicio de un procedimiento de extradición desde Estados Unidos, donde actualmente reside el ex mandatario.
La decisión representa un giro determinante en uno de los casos judiciales de mayor impacto político en Tamaulipas en los últimos años.
