Por María Jaramillo Alanís
La situación jurídica de Francisco García Cabeza de Vaca dio un giro definitivo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad —nueve votos a favor— revocar el amparo que impedía la ejecución plena de las órdenes de aprehensión en su contra. La propuesta presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama fue respaldada sin fisuras, marcando un precedente relevante en el caso del ex gobernador tamaulipeco.
Con esta determinación, queda sin efectos la protección constitucional que lo mantenía fuera del alcance directo de la justicia penal. Cabeza de Vaca, quien se encuentra fuera del país desde octubre de 2022, enfrenta imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que motivaron su desafuero por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.
Es importante precisar: la resolución de la Corte no implica una sentencia condenatoria. No prejuzga culpabilidad. Lo que establece es que el amparo concedido previamente no tenía sustento suficiente para frenar el curso del proceso penal. En términos estrictamente jurídicos, el asunto regresa a su cauce natural: que las autoridades competentes continúen el procedimiento conforme a derecho.
Sin el blindaje del amparo, el escenario procesal cambia. El gobierno mexicano podrá continuar con los mecanismos legales correspondientes, incluida la solicitud de extradición, para que el ex mandatario comparezca ante el órgano jurisdiccional que conoce la causa. Será en juicio, y no en declaraciones mediáticas, donde deberán ventilarse pruebas y responsabilidades.
El mensaje institucional es contundente: el amparo es una garantía constitucional, no un instrumento de evasión permanente. Cuando no se sostiene jurídicamente, debe revocarse.
Pero más allá del tecnicismo legal, el impacto político es inevitable. Cabeza de Vaca construyó durante años una narrativa de persecución que hoy pierde sustento frente a una decisión unánime del máximo tribunal del país. Ya no puede escudarse en resoluciones fragmentadas ni en interpretaciones favorables. La Corte cerró esa puerta.
Para Tamaulipas, el caso simboliza algo más profundo: el fin de una etapa marcada por confrontación, polarización y señalamientos graves sobre el manejo del poder. El ex gobernador que se asumía intocable hoy enfrenta la realidad jurídica sin el paraguas que lo protegía.
La justicia seguirá su curso. Y políticamente, el mensaje es claro: ningún cargo público otorga patente de impunidad.
Ahora queda esperar a que se reactive la ficha roja de la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) para que Vaca sea aprehendido en Estados Unidos y echado por cualquier punto fronterizo a México y sea ejecutada la orden de aprehensión en su contra.
El prófugo que alguna vez gobernó con soberbia y crueldad a Tamaulipas, ahora tendrá que responder ante la justicia mexicana, más temprano que tarde.
Desde Mi Trinchera…
