- La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos años, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por María Jaramillo Alanís
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Después de 72 días de exigencias públicas de justicia, denuncias en redes sociales y errores en la investigación inicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue vinculado a proceso Fernando Antonio “G”, por su probable responsabilidad en el delito de violación contra dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas.
El caso cobró relevancia nacional luego de que una de las víctimas, la doctora García, denunciara públicamente en redes sociales la falta de avances en la investigación, situación que generó indignación social y presión pública para esclarecer los hechos.
Ante este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, dar seguimiento puntual al caso y garantizar que se actuara con rapidez para evitar impunidad.
De acuerdo con la Fiscalía, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM) presentó ante un Juez de Control elementos de prueba suficientes para que se determinara la vinculación a proceso del imputado.
Los hechos investigados ocurrieron el 30 de diciembre de 2025, en las instalaciones de un hospital ubicado en la Calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria.
La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos años, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este caso también evidenció fallas en las primeras etapas de la investigación, ya que inicialmente fue detenida otra persona que posteriormente quedó fuera del proceso, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades ministeriales.
Aunque la Fiscalía sostiene que el proceso avanza, el caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para investigar con rapidez y eficacia los delitos de violencia sexual, particularmente cuando las víctimas deben recurrir a la exposición pública para acelerar la actuación de las autoridades.
