Por María Jaramillo Alanís
La suspensión de dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito por haber concedido un amparo que frenó la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, vuelve a colocar bajo la lupa no sólo la actuación del Poder Judicial, sino las tensiones políticas que rodean a este caso desde hace años.
Oficialmente, el Tribunal de Disciplina Judicial argumenta que la permanencia de las magistradas podría generar dudas sobre su imparcialidad mientras se investiga su actuación. Es una decisión presentada como técnica, administrativa, casi rutinaria dentro de los mecanismos de control del propio Poder Judicial.
Pero en México pocas cosas son únicamente jurídicas cuando los protagonistas son figuras políticas.
Porque el expediente de Eugenio Hernández no es cualquier caso. Es un proceso que ha transitado por tribunales, por prisiones, por discursos políticos y por disputas partidistas durante más de una década.
En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó su extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Un juez federal negó el amparo contra esa decisión, pero el asunto escaló a un Tribunal Colegiado y ahí quedó dormido durante siete años.
Hasta diciembre de 2025.
Entonces, dos magistradas resolvieron el incidente pendiente y concedieron el amparo que impide la extradición. La reacción institucional fue inmediata: suspensión y apertura de una investigación.
Pero el debate no se detiene ahí.
Porque en medio de la llamada transformación del Poder Judicial —ese nuevo modelo que se nos dijo sería más cercano al pueblo y menos capturado por intereses políticos— aparece una sospecha incómoda.
¿Estamos viendo un acto de control disciplinario o un mensaje político?
La pregunta cobra mayor peso cuando se recuerda otro detalle del caso: uno de los personajes clave que impulsó las acusaciones contra el exgobernador hoy se encuentra prófugo… precisamente en Estados Unidos.
Esa ironía judicial no pasa desapercibida.
Y entonces surge otra interrogante, aún más inquietante:
¿Estamos frente a una decisión judicial o ante una posible moneda de cambio en el tablero político?
Porque en Tamaulipas las batallas entre el viejo panismo y el nuevo poder político no han sido menores.
Por eso hay quienes se preguntan si el nuevo Poder Judicial —ese que se prometió renovado bajo la narrativa de la Cuarta Transformación— terminará haciendo exactamente lo mismo que antes se criticaba: mover la justicia al ritmo de los intereses políticos del momento.
¿O es simplemente una coincidencia que, en medio de estas disputas, resurja una resolución que podría beneficiar políticamente a sectores del antiguo poder estatal?
En política las casualidades casi nunca existen.
Y por eso la duda se instala en la conversación pública.
¿Se está castigando a magistradas por irregularidades procesales reales?
¿O se está enviando una señal a los jueces sobre los límites de sus decisiones cuando tocan intereses políticos?
En cualquier democracia, la justicia debe ser un contrapeso del poder, no un instrumento del mismo.
Cuando las decisiones judiciales empiezan a percibirse como fichas dentro de una negociación política, el problema ya no es un expediente.
El problema es la credibilidad misma del sistema de justicia.
Y en ese terreno, una pregunta queda inevitablemente flotando:
Si la justicia puede convertirse en moneda de cambio… ¿Quién la está cobrando?
Desde Mi Trinchera…
