Por María Jaramillo Alanís
En Tamaulipas, el debate sobre la libertad de expresión vuelve a encenderse, pero no por avances en su protección, sino por una preocupante iniciativa que evidencia desconexión, improvisación y riesgos latentes para el ejercicio periodístico.
La propuesta impulsada desde la 66 Legislatura, promovida por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo “la comaye”, bajo el argumento de fortalecer la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, plantea en los hechos la creación de un llamado y fantasmagórico “Colegio de Periodistas” con facultades para emitir recomendaciones éticas y, aún más grave, “extrañamientos públicos”.
Dicho de otra manera: se pretende institucionalizar un mecanismo de señalamiento que, lejos de garantizar derechos, abre la puerta a la censura indirecta, al descrédito selectivo y a la presión sobre voces críticas.
- No es menor el riesgo.
Cuando el poder define qué es “ético” bajo criterios ambiguos y sin consenso, se cruza una línea peligrosa. La libertad de expresión no admite tutelas disfrazadas de autorregulación, ni mucho menos órganos con capacidad de exhibir públicamente a periodistas. Eso no es regulación: es control.
A ello se suma un elemento preocupante en la conducción política de la iniciativa. La diputada Castillo, emanada de Morena, no solo evidencia vacíos preocupantes en la comprensión del tema, sino que actúa desde una posición de poder que sugiere influencia externa.
No es un secreto en el ámbito público que, ante el cuestionamiento, su respuesta ha sido la confrontación, el señalamiento y el alzamiento de la voz, en lugar del diálogo informado y la construcción de consensos.
Pero aquí no se trata de estilos personales ni de temperamentos. Se trata de responsabilidad pública.
La legisladora representa a un sector de la población de Altamira, sí, pero también a un movimiento político de alcance nacional: el que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento que, enarbolando causas históricas, colocó en el centro la justicia social, las libertades y la transformación de la vida pública.
Por ello resulta inadmisible que, desde esa misma trinchera, se impulse una iniciativa que vulnera principios fundamentales como la libertad de expresión. No se vale que intereses de grupo —o una visión minúscula del poder— pretendan echar por la borda no solo la protección a periodistas, sino también los postulados de un movimiento que se construyó, precisamente, desde la crítica y la apertura.
Resulta aún más cuestionable que esta iniciativa haya sido elaborada sin una consulta amplia, abierta y plural con el gremio.
Se ignora así a quienes, día a día, ejercen el periodismo en condiciones adversas, especialmente a las mujeres periodistas, quienes enfrentan formas diferenciadas de violencia, acoso y campañas de desprestigio. Un “órgano ético” con facultades de señalamiento podría convertirse fácilmente en un amplificador de esas violencias.
Pero el problema no termina ahí. Este intento legislativo contrasta con compromisos previos que hoy parecen haberse diluido en la memoria institucional.
Recordemos: en el primer año de gobierno, el Ejecutivo estatal asumió compromisos claros con el gremio periodístico: la creación de un fondo de apoyo para periodistas y la construcción de una legislación en materia de protección, elaborada de la mano de quienes ejercen esta labor.
Se realizaron reuniones, se generaron propuestas, se compartieron experiencias. Participaron periodistas con trayectoria y conocimiento del tema, quienes aportaron insumos valiosos para una ley que realmente respondiera a las necesidades del sector. Sin embargo, ese trabajo quedó inconcluso, archivado, o peor aún, ignorado. Y hasta hoy mismo, los compromisos se evaporaron, es momento para hacer memoria.
Hoy, en lugar de retomar ese esfuerzo colectivo, se presenta una iniciativa que parece responder a intereses particulares. Y vale la pena subrayarlo: las leyes no se construyen para proteger a grupos, facciones o “pandillas”. Las leyes son generales, impersonales y deben orientarse al bien público, no a agendas de conveniencia.
Lo que estamos viendo no es solo un error legislativo; es una señal de alerta. Porque cuando se intenta regular la prensa desde el poder, sin diálogo y sin legitimidad, el resultado no es protección, sino restricción.
- Es momento de corregir el rumbo.
Se requiere, con urgencia, abrir un proceso real de diálogo entre autoridades y periodistas. Involucrar a la Secretaría General de Gobierno, al área de comunicación institucional y a los canales de interlocución con el Poder Legislativo. Si llevar la discusión al más alto nivel del Ejecutivo estatal.
Porque una cosa es exigir responsabilidad y ética en el ejercicio periodístico —lo cual es legítimo— y otra muy distinta es intentar imponerlas mediante mecanismos que pueden derivar en censura.
El periodismo libre no se construye desde decretos ni desde escritorios legislativos. Se sostiene en la autonomía, en la crítica y en la responsabilidad social.
Intentar silenciarlo, aunque sea con formas “institucionales”, sigue siendo un acto de poder… y, en este caso, una distorsión preocupante del sentido democrático que se dice representar.
Porque hemos esperando casi cuatro años para que a las y los periodistas se nos consulte sobre la creación o adecuación a una ley que proteja al gremio.
No solo se exige que se retire la iniciativa de #LeyCensuraCastillo, sino que además se disculpe públicamente sobre su avieso atropello.
El trabajo de protección a las y los periodistas así como a defensores de los derechos humanos está encaminado, ojalá la Secretaría General de Gobierno las saque del archivo muerto.
Ante la cerrazón, yo me declaro lista para tomar la calle y lo que haya lugar.
Las y los diputados no nos callarán
Desde Mi Trinchera…
