- A propósito del día de la Niñas, Niños y adolescentes
Por María Jaramillo Alanís
En México, hablar de niñas, niños y adolescentes es hablar del presente, no del futuro. Sin embargo, también es hablar de una realidad incómoda: la violencia, el abandono y la vulneración de derechos que siguen marcando la vida de miles de infancias en el país.
El Estado mexicano no carece de obligaciones. Desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en sus artículos 3 y 19, existe un mandato claro: garantizar la protección integral de la niñez frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación. No se trata de una aspiración, sino de un compromiso legal y moral. La ley es contundente; la realidad, en cambio, es otra.
Durante enero de 2026, 12 mil 941 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de delitos en México. Detrás de esta cifra hay historias truncadas, hogares fracturados y una institucionalidad que no logra contener el daño.
La violencia comienza, en muchos casos, dentro de casa. La violencia familiar representó el 18.7% de los delitos, con más de 2 mil 400 víctimas en un solo mes, lo que equivale a 78 casos diarios. Es decir, el espacio que debería ser seguro se convierte en el primer lugar de riesgo.
A esto se suma otra realidad alarmante: los delitos sexuales, que concentraron el 18% de los casos. Más de 2 mil 300 menores fueron víctimas de violación, abuso o acoso, siendo las niñas las principales afectadas (86.4%). La violencia de género se manifiesta desde edades tempranas, marcando de por vida a quienes la padecen.
El abandono también se expresa en cifras. El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afectó a más de mil 300 menores, evidenciando una falla estructural en la protección económica y emocional de la infancia.
Pero quizá el dato más preocupante es la creciente vinculación de niñas, niños y adolescentes con dinámicas del crimen organizado. Cerca del 8% de las víctimas estuvieron relacionadas con delitos como homicidio, trata, extorsión o narcomenudeo. A ello se suman casos de reclutamiento y utilización de menores en actividades ilícitas, una de las formas más graves de explotación.
A esta realidad se suma una amenaza cada vez más compleja: la violencia en el entorno digital. Hoy, niñas, niños y adolescentes no solo enfrentan riesgos en el espacio físico, sino también en plataformas digitales donde operan redes de explotación que utilizan el anonimato, la tecnología y la falta de regulación efectiva para acercarse a sus víctimas.
Casos de trata de personas, abuso sexual y captación con fines ilícitos han encontrado en internet un terreno fértil. Si bien las plataformas tecnológicas cuentan con herramientas capaces de detectar patrones de conducta, persiste un debate legítimo sobre la eficacia, transparencia y responsabilidad con la que actúan frente a estos delitos. La opacidad en sus procesos, así como la dificultad para acceder a información sobre agresores, ha generado cuestionamientos sobre si se está haciendo lo suficiente para proteger a las infancias. En este contexto, la omisión también se convierte en una forma de violencia.
Si bien algunos indicadores muestran una ligera disminución en delitos de alto impacto —como homicidio, feminicidio o secuestro—, la reducción no puede interpretarse como una victoria. La persistencia de miles de casos mensuales revela que la violencia contra la infancia sigue siendo estructural.
Geográficamente, la problemática tampoco es homogénea. Estados como el Estado de México, Guanajuato y Jalisco concentran gran parte de la incidencia, pero también hay focos rojos en municipios específicos, incluido Ciudad Victoria, donde el incumplimiento de obligaciones familiares alcanza niveles preocupantes.
Otro dato que no debe pasar desapercibido es la edad de las víctimas. En casos de violencia familiar, casi 65% corresponde a niñas y niños de entre 0 y 12 años, es decir, los más pequeños, los más indefensos. En delitos sexuales, la mayoría se concentra en adolescentes, lo que evidencia distintos patrones de violencia según la etapa de desarrollo.
Frente a este panorama, la pregunta no es qué está pasando, sino qué está fallando.
El Estado mexicano tiene la obligación de actuar con contundencia: fortalecer las políticas de prevención, garantizar sistemas de protección eficaces, invertir en educación y reconstruir el tejido social desde la infancia. Pero también es necesario reconocer que la violencia contra niñas y niños no es un fenómeno aislado: es el reflejo de una sociedad que aún no logra colocar a sus infancias en el centro.
Proteger a la niñez no puede seguir siendo un discurso. Es, o debería ser, la prioridad más urgente del país. Porque cada cifra que hoy se reporta es una historia que no debió existir.
Datos que arroja el INEGI: Estadísticas a propósito del Día de la Niña y el Niño (30 de abril)
• En 2023, en el país residían 36´ 199 642 niñas y niños de 0 a 17 años, quienes representaron 28.0 % de la población total.
• 63.2 % de las niñas y niños de 0 a 17 años vivían con ambos padres, 28.0 % solo con la madre, 3.0 % solo con el padre y 5.8 % no vivía con ninguno de ellos.
Para mediados de 2026, se estima que en México habrá aproximadamente 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes (personas de 0 a 17 años)
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