Por María Jaramillo Alanís
Lo que comenzó como un supuesto accidente en la sierra de Chihuahua terminó convirtiéndose en uno de los episodios más delicados para la seguridad nacional mexicana de los últimos años. La muerte de funcionarios estatales y de agentes estadounidenses reveló algo más profundo: la operación de agencias extranjeras en territorio mexicano bajo el amparo del gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
Desde el primer momento, las contradicciones fueron evidentes.
El 19 de abril, la Fiscalía de Chihuahua aseguró que dos de los fallecidos eran “agentes de la embajada estadounidense” que participaban en tareas de capacitación. Horas después, la narrativa cambió. Ya no habían participado en el operativo. Después se dijo que nadie sabía de su presencia. Más tarde, se filtraron nombres y comenzó a hablarse abiertamente de vínculos con la CIA.
La pregunta inevitable es: ¿quién mintió?
Porque si nadie sabía de la presencia de agentes extranjeros armados en un operativo contra el narcotráfico, entonces el gobierno estatal perdió el control de su aparato de seguridad. Pero si sí lo sabían y luego intentaron ocultarlo, el problema es todavía más grave.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara desde el inicio: ningún gobierno estatal tiene facultades para establecer acuerdos de seguridad con gobiernos extranjeros. La Ley de Seguridad Nacional existe precisamente para evitar que intereses externos operen fuera del control del Estado mexicano.
Sin embargo, lejos de aclarar los hechos, el gobierno de Chihuahua optó por encerrarse.
Mientras el Senado discutía la comparecencia de la gobernadora, los legisladores del PAN celebraban públicamente que “Maru daría la cara”. Días después, la mandataria se negó a acudir. Tampoco compareció ante el Congreso local. Y mientras Morena exigía explicaciones, el bloque PAN-PRI-MC-PVEM-este último aliado de morena– utilizó su mayoría para bloquear cualquier intento de rendición de cuentas.
La escena fue simbólica: diputados tomando la tribuna mientras resonaba la consigna “La patria no se vende, la patria se defiende”.
Y más ridículo y preocupantes fue la creación de una fiscalía “especial” ordenada por la propia gobernadora para investigar el caso. Es decir: un gobierno investigándose a sí mismo mientras las dudas crecían a nivel nacional.
Conforme avanzaron los días, las inconsistencias aumentaron:
- primero se negó la participación operativa de los agentes;
- después se reconoció coordinación con agencias estadounidenses;
- posteriormente se confirmó colaboración con DEA y FBI;
- finalmente, la propia gobernadora declaró públicamente que incluso debería haber agentes armados de la CIA operando en México.
Esa afirmación no es menor.
Porque el debate ya no gira únicamente en torno a un operativo fallido o a un accidente en la sierra. El centro del problema es político y constitucional: ¿hasta dónde puede un gobierno estatal permitir la intervención extranjera en tareas de seguridad pública?
La soberanía nacional no es un discurso decorativo. Es un principio jurídico y político que costó décadas construir. Y cuando una autoridad local normaliza la presencia de agentes extranjeros armados, coordinando operativos y participando en detenciones o extradiciones, se cruza una línea delicada.
Por eso la investigación de la Fiscalía General de la República adquiere una dimensión histórica. No se trata solamente de deslindar responsabilidades individuales, sino de determinar si desde Chihuahua se permitió una estructura paralela de cooperación fuera de los límites legales mexicanos.
La renuncia del fiscal César Jáuregui no cerró el caso; al contrario, profundizó las sospechas.
Y mientras continúan las comparecencias y declaraciones, queda una sensación inquietante: durante semanas, el gobierno estatal pareció más preocupado por controlar la narrativa que por transparentar los hechos.
El problema de fondo no es la cooperación internacional contra el narcotráfico. Esa cooperación existe y seguirá existiendo. El problema es cuando esa colaboración ocurre en la opacidad, sin controles institucionales claros y bajo versiones contradictorias, como es el caso de Chihuahua y su gobernadora.
La Fiscalía General de la República citó a declarar a la gobernadora María Eugenia Campos “Maru”, la panista dijo que daría la cara e iría, sin embargo, el cuadro chico es el mismo que mantuvo al panista Francisco García Cabeza de Vaca fuera del alcance de la ley, amparo tras amparo y que le permitió huir de México sin dar la cara hasta la fecha: Roberto Gil Zuarth, Max Cortázar.
Con seguridad Maru Campos no acudirá a la cita con la FGR, arguyendo que tiene fuero, mismo que a ella le sirve para cubrirse de sus delitos y no para representar a los chihuahuenses con honor y decencia.
Hemos dicho hasta el cansancio, qué lo que el pueblo quiere y urge es que encarcelen a los delincuentes, principalmente éstos de cuello blanco, todos, de todos los colores. En Tamaulipas, Cabeza de Vaca, su familia y sus amigos -Gil Zuarth y Max Cortázar, incluidos-, saquearon los dineros públicos y no se diga de sus nexos con el crimen organizado y el uso abusivo de las instituciones, incluida la Fiscalía General de Justicia.
Hasta hoy, en el caso de Tamaulipas, Vaca y saqueadores, siguen lejos de la justicia, y los expedientes durmiendo en la Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior y en la misma Fiscalía General de Justicia.
Maru Campus y sus compinches –Gil Zuarth y Cortázar- dejaron la puerta abierta para que entraran la CIA, DEA y demás fauna gringa, deben ser castigados porque violentaron la soberanía de México y vulneraron un principio básico de cualquier mexicano bien nacido. Debe ser enjuiciada, de lo contrario seremos de nuevo el hazmerreír.
Defendamos a la Patria de los panistas y priistas que no pudieron venderla y hoy se alían con un gobierno extranjero para ultrajar al pueblo de México.
Defendamos el pedacito de Patria en la que nos ha tocado nacer y vivir.
Desde Mi Trinchera…
