Por María Jaramillo Alanís
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A dos meses de haberse realizado el relevo en la titularidad de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el proceso de entrega-recepción aún no concluye debido a que continúan detectándose observaciones relacionadas con el manejo administrativo y financiero de la dependencia, informó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.
La funcionaria se negó a explicar en qué consistían las irregularidades, atajando que cada una de las observaciones encontradas durante la revisión fueron remitidas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para su análisis y eventual determinación de responsabilidades.
“Todas las observaciones que se han realizado las paso para que se analicen y sean ellos quienes determinen si proceden o no”, Hernández Campos indicó que no podía proporcionar detalles sobre las presuntas irregularidades detectadas en contratos y otros rubros correspondientes a la administración anterior de la dependencia, debido a que las investigaciones se encuentran en curso.
“Esa información la tiene la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como personal de la Fiscalía, y entonces ellos son los adecuados para emitir alguna información”, expresó.
Cabe recordar que en diciembre 2022, al finalizar proceso de entrega-recepción, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que se había detectado un daño al erario superior a los 500 millones de pesos, derivado de diversas irregularidades en dependencias estatales.
En aquella ocasión, el mandatario aseguró que se agotarían todas las instancias legales para sancionar a quienes resultaran responsables del presunto saqueo de recursos públicos. Hasta ese momento, se habían presentado 18 denuncias relacionadas con dichas observaciones.
En el caso específico de la Secretaría de Salud, se reportó la desaparición de 242 tabletas electrónicas, 94 computadoras portátiles, así como equipo de impresión, escaneo y cómputo, hechos que podrían configurar delitos como ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones
Y al respecto, hasta ahora poco se sabe el rumbo de las denuncias o si éstas fueron judicializadas.
El pasado agosto de 2025, el entonces asesor jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, denunció la existencia de contratos presuntamente irregulares otorgados mediante adjudicaciones directas y procedimientos de licitación cuestionados, cuyo monto acumulado superaría los 500 millones de pesos.
De acuerdo con las denuncias presentadas en ese momento, parte de los recursos observados correspondían a contratos relacionados con mantenimiento de hospitales y unidades médicas, servicios cuya ejecución física era objeto de revisión por parte de las autoridades.
Saldaña Magaña estimó entonces un posible quebranto por 343 millones 966 mil pesos, recursos que, según las investigaciones iniciadas en ese periodo, habrían sido canalizados a empresas identificadas como Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, en los que estaban directamente involucrados los hermanos Carmona.
