Por María JARAMILLO ALANÍS
Hay una frase que en la política mexicana se repite con demasiada frecuencia: el dinero público no desaparece, simplemente cambia de bolsillo.
Y cuando las cuentas no cuadran, los ciudadanos terminan pagando dos veces: primero con sus impuestos y después con la impunidad.
Lo ocurrido en el Congreso de Tamaulipas no es un asunto menor. La Comisión de Vigilancia reprobó 41 cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Traducido al lenguaje ciudadano: en 41 ayuntamientos hubo observaciones suficientemente graves para que la Auditoría Superior del Estado concluyera que no cumplieron con la correcta rendición de cuentas.
Es decir, casi todo el mapa municipal tamaulipeco quedó bajo sospecha.
No importa si el alcalde porta camiseta guinda, azul, verde, roja o naranja. El dinero no tiene partido político cuando desaparece, pero sí tiene destinatarios cuando se administra mal.
Lo verdaderamente preocupante es que la lista parece un directorio completo de gobiernos municipales: Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Río Bravo, El Mante, Victoria… grandes y pequeños aparecen en el mismo escaparate de la reprobación administrativa.
Y entonces surgen las preguntas inevitables: ¿Dónde estuvieron los síndicos? ¿Dónde los tesoreros? ¿Dónde los contralores? ¿Dónde los cabildos que aprobaron cada peso ejercido?
Porque las cuentas públicas no se elaboran de la noche anterior a la auditoría. Son el resultado de meses de decisiones, contratos, adjudicaciones, compras, pagos, licitaciones y manejo del presupuesto.
La corrupción no siempre llega disfrazada de maletas llenas de dinero, muchas veces se presenta elegantemente vestida de “errores administrativos”, “falta de documentación”, “expedientes incompletos” u “observaciones solventables”.
Son las nuevas formas de la vieja forma de hurtar el dinero público.
Lo interesante del dictamen es que derrumba el discurso de quienes pretenden convertir la fiscalización en un pleito partidista. Aquí fueron señalados gobiernos encabezados prácticamente por todas las fuerzas políticas.
Morena; PAN; PVEM; PT; PRI y Movimiento Ciudadano.
Nadie puede sentirse moralmente superior cuando la lupa alcanza casi a todos.
Y si además los programas de servicios públicos y programas sociales de municipios como Río Bravo, Ciudad Madero, El Mante y Xicoténcatl y Victoria, también obtuvieron dictámenes negativos en auditorías de desempeño, la señal resulta todavía más delicada.
No solamente se cuestiona cómo gastaron sino también si hicieron lo que prometieron hacer.
La gran interrogante ahora será si estos dictámenes terminarán donde casi siempre terminan: archivados entre miles de hojas, convertidos en simples llamados de atención o utilizados como arma política de ocasión.
Porque el ciudadano ya está cansado de escuchar cifras millonarias, observaciones técnicas y expedientes administrativos que nunca concluyen con responsables.
Las auditorías deberían servir para recuperar dinero público y castigar a quien lo malgastó, no únicamente para llenar anaqueles con carpetas color beige.
Reprobar una cuenta pública debería tener consecuencias reales. Porque si después de reprobarlas no ocurre absolutamente nada, el mensaje para los futuros alcaldes será de impunidad, más claro: Robar sale barato.
Y administrar con honestidad resulta la excepción.
Mientras tanto, los ciudadanos seguirán financiando gobiernos que administran recursos ajenos con la ligereza de quien juega en un casino.
Después de todo, cuando el dinero no es suyo… siempre resulta más fácil ser manirroto.
