Por María JARAMILLO ALANÍS
En Tamaulipas, el transporte público ha sido históricamente deficiente. Durante décadas estuvo concentrado en unas cuantas familias concesionarias; después llegaron los peseros, donde los pasajeros viajaban hacinados; más tarde los taxis, que aunque representaban una mejor opción, resultaban costosos para buena parte de la población.
Con la llegada de plataformas como Uber, DiDi e InDrive parecía abrirse una alternativa. Sin embargo, surgió otro fenómeno: mientras algunos conductores trabajan para sostener a sus familias rentando un automóvil por dos mil o hasta dos mil quinientos pesos semanales, también existen propietarios que han convertido el negocio en una flotilla de diez o más vehículos, obteniendo ganancias sin estar necesariamente al volante.
¿Y cuál ha sido el papel del Estado? El de siempre: regular, cobrar y recaudar.
Durante años permitió que el transporte tradicional operara con deficiencias, tarifas cuestionadas y un servicio que pocas veces estuvo a la altura de los usuarios. Ahora ocurre algo parecido con las plataformas digitales.
En Tamaulipas circulan aproximadamente 12 mil vehículos de aplicación. De ellos, apenas unos 4 mil están regularizados, mientras alrededor de 8 mil operan sin cumplir el registro estatal. La respuesta gubernamental ha sido intensificar los operativos mediante el llamado “usuario simulado”, estrategia con la que ya se han inmovilizado más de 60 unidades.
Regularizar un vehículo cuesta entre 4,525 y 4,700 pesos, además de los trámites correspondientes. El problema es que esa carga económica no impacta por igual. Para quien posee una flotilla representa un costo de operación; para el conductor que apenas reúne dinero para pagar la renta semanal del automóvil, significa un gasto que puede hacer inviable su trabajo.
Desde las reformas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas en octubre de 2023 se creó un padrón de vehículos y operadores, con el argumento de fortalecer la seguridad de usuarios y conductores, especialmente de las mujeres. También se estableció un impuesto del dos por ciento sobre cada viaje para destinarlo, supuestamente, a infraestructura de movilidad.
La intención de contar con registros y mecanismos de seguridad puede ser válida. Lo que merece explicación es otra cosa: ¿cuál es la meta real de esta política pública?
¿Regular para brindar mayor seguridad y un mejor servicio? ¿O simplemente aumentar la recaudación?
Porque mientras el Estado presume operativos y cobra nuevos derechos e impuestos, el verdadero problema permanece intacto: el transporte público sigue siendo insuficiente, miles de conductores continúan en condiciones precarias y quienes poseen varias unidades siguen encontrando un negocio rentable.
La ley termina aplicándose con todo su peso sobre el eslabón más débil de la cadena, mientras los grandes operadores simplemente incorporan el costo a sus ganancias.
Esa es, precisamente, la ley del embudo: lo ancho para unos, lo angosto para otros.
Desde Mi Trinchera…
