Por María Jaramillo Alanís
El feminicidio de Dafne en un campamento escolar ha conmocionado a la sociedad. Más allá del dolor que embarga a su familia, obliga a mirar con seriedad y exigencia el papel de las autoridades, de las instituciones educativas, de las dependencias de protección civil y de los mecanismos de supervisión que deben proteger a niñas, niños y adolescentes.
Cuando una menor sale de casa para participar en una actividad organizada por una institución educativa, existe la expectativa de que regresará sana y salva. Si eso no ocurre, la sociedad tiene derecho a exigir respuestas claras, una investigación imparcial y, en su caso, la aplicación de la ley.
No corresponde a la opinión pública determinar culpables. Esa es una responsabilidad de las autoridades ministeriales y judiciales. Pero sí nos corresponde exigir que la investigación sea profesional, transparente y libre de cualquier intento de encubrimiento.
Las preguntas son inevitables:
- ¿Por qué y cómo ocurrió el crimen de Dafne?
- ¿El plantel cumplía con todas las autorizaciones y medidas de seguridad exigidas por la ley?
- ¿Existían protocolos para atender una emergencia?
- ¿Hubo supervisión por parte de las autoridades educativas y de Protección Civil?
- ¿Se preservó correctamente por parte de la autoridad judicial el lugar de los hechos?
- ¿Se actuó con oportunidad desde el primer momento?
- ¿Por qué la autoridad judicial no aseguró desde el primer momento un espacio donde ocurrió un feminicidio?
- ¿Por qué Jorge Luis Ponce sigue dando entrevistas en vez de estar en detención preventiva, como responsable de la escuela militarizada Doenitz ?
- ¿Y SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes), y la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género?
Cada una de estas interrogantes merece una respuesta sustentada en pruebas, no en especulaciones.
Este caso también abre un debate de fondo: la supervisión de los planteles que ofrecen campamentos, actividades militarizadas o experiencias de formación fuera de las aulas.
La autorización para operar no puede convertirse en un simple trámite administrativo. Debe representar la certeza de que existen condiciones reales para proteger la integridad de los menores.
Si durante la investigación se confirma que hubo negligencia, omisiones o incumplimiento de obligaciones legales, deberá actuarse con todo el peso de la ley. Y cada uno de los integrantes de la escuela-Cuartel Doenitz deberá pagar ante la justicia sus abominables actos.
Dafne merece verdad. Su familia merece respuestas. Y la sociedad merece la certeza de que ninguna otra niña o niño perderá la vida por fallas que pudieron prevenirse.
Hoy el mayor acto de solidaridad no es alimentar versiones sin confirmar. Es exigir una investigación seria, transparente y pronta, así como una revisión profunda de los mecanismos de supervisión de todas las instituciones que tienen bajo su cuidado a menores de edad.
Porque la confianza de los padres se deposita en las escuelas. Y esa confianza debe responderse con responsabilidad, vigilancia y compromiso con la vida.
Que el nombre de Dafne no quede únicamente en el recuerdo de una tragedia. Que marque el inicio de una revisión profunda para que nunca más una familia tenga que despedir a una hija que salió de casa para aprender y jamás volvió.
El feminicidio de Dafne no debe quedar en la impunidad, como otros tantos, se deben dar respuestas claras y contundentes.
Desde Mi Trinchera…
