- La SCJN revocó el 24 de febrero por unanimidad el amparo que protegía al exmandatario tamaulipeco, dejando vigente la orden de aprehensión en su contra.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición promovidas por el gobierno de México que permanecen pendientes de resolución, entre ellas la presentada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es requerido por la justicia mexicana por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La posibilidad fue planteada por Todd Blanche, Fiscal General en funciones de Estados Unidos, durante una conversación con el periodista Jesús García, del diario estadounidense La Opinión, al término de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.
Al ser cuestionado sobre las solicitudes de extradición formuladas por México que no han recibido respuesta por parte de la administración del presidente Donald Trump, el funcionario respondió: “No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”.
De acuerdo con el periodista Jesús García, Blanche destacó el nivel de cooperación que mantienen los gobiernos de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, incluida la coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Entre los expedientes pendientes figura la solicitud de extradición presentada por México contra Francisco García Cabeza de Vaca. El exmandatario tamaulipeco reside actualmente en Estados Unidos y enfrenta diversos procesos penales promovidos por la Fiscalía General de la República.
El planteamiento del Departamento de Justicia se produce en un contexto de fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de que México ha entregado a Estados Unidos a decenas de presuntos integrantes del crimen organizado y ambos gobiernos mantienen acciones conjuntas para combatir a organizaciones criminales transnacionales.
Respecto al caso del exgobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que “tiene doble nacionalidad. Es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición… y no ha habido esa respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos”.
La mandataria agregó que, de encontrarse en territorio mexicano, García Cabeza de Vaca tendría que responder ante la justicia y cuestionó que la solicitud de extradición continúe pendiente. Asimismo, lo calificó como un “prófugo de la justicia”.
En el ámbito judicial, el pasado 24 de febrero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad el amparo que protegía al exgobernador tamaulipeco, con lo que dejó vigente la orden de aprehensión librada en su contra.
Con esa resolución, el máximo tribunal estableció el criterio de que, para emitir una orden de aprehensión dentro del sistema penal acusatorio, no es indispensable contar con prueba plena, sino con datos suficientes que permitan presumir razonablemente la existencia de un delito y la probable participación del imputado.
La investigación contra García Cabeza de Vaca se originó a partir de una serie de denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación describe un presunto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública en Tamaulipas, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria. Entre los indicios referidos por las autoridades se encuentran discrepancias entre ingresos y depósitos, reportes de operaciones sospechosas detectadas en Estados Unidos y un certificado por siete millones de dólares a nombre de la madre del exgobernador.
De acuerdo con datos citados por La Opinión, entre 2018 y 2026 el gobierno de México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 permanecen pendientes de resolución.
