- Para el último trimestre les dejaron 7 millones de pesos
- ‘Moches’ por 4,800 millones de pesos
- Obras inconclusas e infraestructura abandonada
- La empresa Intercontinental S.A de C.V, recibió un contrato multianual por 1,050 mdp y solo un bimestre abasteció de medicinas a hospitales.
- Aquellos que no cumplieron cabalmente con su responsabilidad y encargo, deberán responder legalmente por sus acciones y omisiones
Altamira, Tamaulipas. – A una semana de haber iniciado su gobierno, el Gobernador Américo Villarreal Anaya denunció que se han detectaron graves irregularidades de la administración anterior, destaca un déficit de 2 mil millones de pesos, se cuentan con 7 millones para el ejercicio del último trimestre del año; desorden administrativo, obras sobrevaloradas y “moches” por 4,800 millones de pesos.
Refirió en conferencia de prensa, “recibimos un estado arruinado y peor aun maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía”, advirtió.
Al hacer una radiografía de la situación del estado que guarda la administración estatal y acompañado por 11 secretarios de su gabinete, el Gobernador Américo Villarreal aseguró que su gobierno no puede ser omiso a todo lo ocurrido en el pasado reciente y reiteró que no habrá impunidad, “porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Al exponer solamente algunas de las irregularidades detectadas, esta mañana en conferencia de prensa, celebrada en Altamira, el Jefe del Ejecutivo reveló que al 1 de octubre de este año el gobierno saliente solo dejó 7 millones de pesos para el ejercicio de los meses de octubre a diciembre, lo que representa un déficit de 2 mil millones para el último trimestre del año.
Explicó que la Secretaría de Salud, que la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. recibió un contrato multianual por 1,150 millones de pesos, pero solo ha suministrado el primer bimestre y parcialmente el segundo bimestre, lo que repercute de manera directa en el desabasto de medicamentos y en la calidad de los servicios de salud.
Asimismo, se refirió a la situación en la Secretaría de Educación, donde hay desviaciones por 2,096.5 millones de pesos, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
Al referirse a la Secretaría de Obras Públicas reveló que se detectó la acumulación de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos contratados inicialmente, diferencias inexplicables y sobrevaloración de las obras que oscilan entre un 22% y un 25%.
“Este porcentaje corresponde a los “moches” que exigían. Nada más y nada menos que 4,868 millones de “moches” que se pagaron durante el período anterior“, indicó.
Villarreal Anaya apuntó que en Seguridad Pública, del total de la flota de 785 unidades, solo se encuentran activas 343, un 43.6% en operatividad. Solo 4 vehículos de cada 10 están en buen funcionamiento.
“Existen bastantes irregularidades y carencias en todas las secretarías que atenderemos a la brevedad, con el único objetivo de dar respuesta a los problemas de la gente, como es nuestro compromiso y obligación”, señaló.
“El hecho de que nosotros sí vayamos a trabajar por el bien de las y los tamaulipecos para resolver el desastre heredado, no exime a aquellos que no cumplieron cabalmente con su responsabilidad y encargo, de responder legalmente por sus acciones y omisiones”, advirtió.
Los titulares de las diferentes Secretarías también expusieron algunas de las situaciones que han detectado en la primera semana de su gestión.
La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano dijo que el estado está “golpeado y muy herido”, pues solo dejaron 7 millones de pesos; 4 millones de ingresos propios y 3 millones del Ramo 28, explicó pero aseguró que los trabajadores del estado pueden tener la seguridad que recibirán el pago de su quincena.
Por su parte, el secretario de Administración, Jesús Lavín denunció que se han detectado aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y hasta extorsiones para que los trabajadores firmen por cantidades menores a la que les pagan.
Alertó también sobre la basificación de personal de puestos directivos y de personal que tenía menos de 6 años de laborar en Gobierno.
