Por María Jaramillo Alanís
Reynosa es el epicentro de una serie de decisiones cuestionables en la administración pública, y las recientes acciones de su Ayuntamiento y el Consejo Consultivo de la COMAPA no son la excepción.
La controversia que envuelve la reforma del Congreso de Tamaulipas, que buscaba integrar a los diputados locales en el Consejo de Administración de las COMAPAS para asegurar una representación más amplia de la sociedad, expone profundas tensiones políticas y legales.
Sin embargo, estas tensiones parecen tener poco qué ver con un verdadero interés en la representación ciudadana o la mejora del servicio.
El Ayuntamiento de Reynosa, que encabeza el alcalde Carlos Peña Ortiz, argumenta que la reforma afecta la autonomía municipal. Sin embargo, su argumento carece de claridad al no presentar pruebas de cómo impactaría negativamente en la prestación del servicio de agua potable.
¿Por qué el Ayuntamiento y algunos integrantes del Consejo Consultivo de la COMAPA de Reynosa se oponen a esta iniciativa que garantiza una mayor representación de la comunidad en la toma de decisiones? ¿Es realmente una defensa de la autonomía o es una maniobra para mantener un control cerrado sobre una institución clave?
La decisión de la Jueza Octavo de Distrito en Reynosa de otorgar una suspensión provisional, ignorando la postura de la SCJN de que no existen riesgos a derechos humanos, también deja mucho qué desear. Esta medida no solo es inconsistente, sino que también parece ignorar el interés social, privando a la ciudadanía de un mecanismo de participación y representación directa en un servicio tan esencial como el agua. La actitud de la Jueza, y de los dos Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado que confirmaron esta suspensión sin responder a fondo los agravios presentados por el Congreso, plantea serias preguntas sobre la imparcialidad y la justificación de sus decisiones.
La negativa a responder a argumentos fundamentales, como la falta de interés legítimo de los miembros del Consejo Consultivo y la ausencia de riesgo a los derechos humanos, sugiere una actitud complaciente con los intereses del poder local en Reynosa. Esto deja al descubierto una grave incongruencia en un sistema de justicia que debería actuar como contrapeso y no como cómplice de los intereses políticos de una administración.
Esta situación no solo debilita la confianza en el sistema judicial, sino que también priva a la ciudadanía de un control y representación adecuados en la administración de un recurso público fundamental. Las COMAPAS deberían ser una institución en la que converjan las voces de la sociedad, no un espacio monopolizado por quienes ven en ella una oportunidad de control político y económico.
La Comapa es un viejo pleito entre el Estado y el municipio, es decir, los grupos políticos de Reynosa que hoy representa la panista pintada de verde, Maki Ortiz Domínguez, como antes lo fue entre Pancho N y el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.
Los Makitos saben que la Comapa es un barril sin fondo, justamente porque han bajado recursos de NadBank a fondo perdido, a aquéllos puede que no les importe en qué se gastan los dólares, pero a los tamaulipecos y a la Auditoría Superior de Estado sí que debe revisarlos.
En medio de la negación del Jr. Peña Ortiz de aplicar la ley de aguas de Tamaulipas, y mucho menos aceptar la representación de las y los diputados de la ‘Joya de la Corona’ del alcalde panista, perdón Morenista, la Comapa de Reynosa da agua un día y diez días no a la población reynosense…
Carlitos se parece mucho a Pancho N, sólo que Américo Villarreal es de otra madera y tiene harta práctica en cirugías a corazón abierto y con mano muy firme.
Sobre aviso no hay engaño…
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.
