María Jaramillo Alanís
La detención de Rómulo Garza, ex alcalde Valles, San Luis Potosí y exsecretario de Bienestar durante el sexenio de corrupción y abuso de poder de Francisco García Cabeza de Vaca, representa el inicio de un proceso de justicia muy esperado por los tamaulipecos.
Este hecho podría el primer eslabón de una cadena de acciones legales dirigidas contra los principales actores de un régimen que ha sido señalado por corrupción y abuso de poder.
Durante dos años, los ciudadanos cuestionaron la falta de acciones legales en contra de García Cabeza de Vaca y su círculo más cercano.
Sin embargo, lo que no era evidente para muchos era que las instituciones encargadas de procurar justicia estaban aún bajo el control del cabecismo, frenando cualquier avance significativo.
Hoy, con estas instituciones renovadas y bajo nuevos servidores públicos, la justicia finalmente comienza a tomar forma.
El caso de Rómulo Garza es apenas la punta del iceberg. Existen 86 expedientes archivados durante años en los que se acusa al exgobernador, su hermano Ismael, y colaboradores como César Verástegui “El Truko”, Yahleel Abdalá, el mismo Gerardo Peña, Mario Gómez Monroy, de actos de corrupción y saqueo al erario público. Estos expedientes, ocultos deliberadamente por el ex fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, ahora salen a la luz.
Es predecible que las voces de los amigos de Vaca, intenten deslegitimar estas acciones calificándolas de venganza política o persecución. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos: Cabeza de Vaca no solo evadió la ley al huir del estado y del país antes de concluir su mandato, sino que nunca realizó un proceso de entrega-recepción adecuado, dejando en el aire la rendición de cuentas de una de las administraciones más corruptas en la historia de Tamaulipas.
Las promesas de justicia del gobernador Américo Villarreal Anaya empiezan a materializarse. Aunque los tamaulipecos tuvieron que esperar dos largos años, el trabajo de renovación institucional ha rendido frutos. Ahora, los responsables de saquear los recursos del estado deberán enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Es el momento de que aquellos que creyeron que la impunidad sería eterna, comiencen a rendir cuentas.
Este es un mensaje claro: en Tamaulipas, la justicia no es negociable, y los abusos del pasado no quedarán sin castigo.
Esperemos que así suceda…
Desde Mi Trinchera Vietnamita, más Janambre que nunca.