Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR), luego de recabar los datos de prueba sobre el uso ilícito de la minera El Pinabete, en cuyo interior murieron diez mineros, solicitó audiencia para formular la imputación en contra de Cristian Elois Solís Saavedra, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, el primero se encontraba explotando el bien así como a los propietarios de la Cía. Minera El Pinabete, S.A. de C.V, contra quienes también se solicitó a la Interpol, emitiera una ficha roja lo que permitiría que sean buscados en el mundo y presentados ante la justicia mexicana.
El comunicado de la FGR, explica que, como ya es del conocimiento público, el 03 de agosto del presente año, ocurrió la inundación del pozo minero conocido como El Pinabete en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, quedando atrapados al interior de dicho pozo 10 trabajadores mineros. Por lo que al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR), en su Delegación Estatal Coahuila, inició una Carpeta de Investigación, para investigar delitos del orden federal, entre ellos el previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Durante la Investigación se recabaron diversos datos de prueba, consistentes en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos quienes son trabajadores del pozo de referencia, así como también se entrevistó a personas consideradas como probables responsables de estos hechos.
Se obtuvieron ocho dictámenes periciales, entre los que destacan: de Criminalística de Campo en el lugar de la mina El Pinabete, para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura, Ingeniería y Topografía, con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el colapso en el pozo minero; de Medicina Forense, de Contabilidad, de Identificación de minerales, y de documentación, entre otros.
Se ordenó a la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los hechos acontecidos, para identificar a las víctimas, a los propietarios del predio que ocupa la mina o pozo carbonífero, entre otros datos.
Se solicitaron y se obtuvieron 32 informes a diversas autoridades, entre los que destacan: a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil Nacional, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Municipio de Sabinas, Coahuila, Secretaría de Economía del Estado, asimismo, se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social información respecto de la empresa y trabajadores registrados.
Se practicó diligencia de cateo a las oficinas de la CIA Minera El Pinabete S.A. de C.V., asegurándose el inmueble, documentación y equipos de cómputo. Se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de la CIA Minera El Pinabete S.A. de C.V., ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.
Una vez que se recabaron todos los datos de prueba se solicitó audiencia para formular imputación en contra de Cristian “S”, persona que se encontraba explotando el bien así como de Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son los propietarios de la Cía. Minera El Pinabete, S.A. de C.V.
Motivo de lo anterior, se programó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de las referidas personas, quienes no se presentaron en la audiencia de mérito. Por tal motivo se obtuvieron por parte de esta Fiscalía de la Federación, tres órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados.
Inmediatamente se solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de INTERPOL, misma que ya fue emitida por lo que hace a los imputados y además se cuenta con una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración.
El imputado Cristian “S”, tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fijando el Juez de mérito una garantía de $500,000 (quinientos mil pesos 00/100 M. N), sin que hasta este momento se haya depositado dicha garantía, motivo por el cual la orden de aprehensión sigue vigente.
La Fiscalía General de la República (FGR), continúa con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien más resulte responsable.
